Los surtidores permanecen secos y los vehículos forman filas interminables mientras el Palacio de Gobierno habilita un carril preferencial para el combustible diplomático. La excepción, justificada en la reciprocidad internacional, expone las grietas del sistema de abastecimiento estatal y la urgencia de preservar los canales oficiales con el exterior.

Dos decretos supremos, publicados en la Gaceta Oficial, conceden un tratamiento diferenciado al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia y a las instituciones de primera línea, mientras la escasez de carburantes mantiene en vilo a la población y el gobierno busca descomprimir la presión sobre los puntos de venta convencionales.
La Paz. — El Ejecutivo nacional oficializó el viernes 19 de junio un paquete normativo que reconfigura el mapa de distribución de combustibles en el país. Los decretos supremos 5634 y 5635, firmados por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, establecen que las misiones diplomáticas, consulados y organismos internacionales podrán importar carburantes para su consumo propio, sin pasar por la red de comercialización interna que administra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La medida, inédita en los últimos años, se enmarca en una coyuntura crítica. Las protestas sociales y los bloqueos de carreteras han afectado gravemente el suministro de gasolina y diésel en las principales ciudades del país. Las estaciones de servicio de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz operan con cupos reducidos, y los conductores dedican hasta doce horas para acceder a un tanque de combustible.
El Decreto Supremo 5635, que lleva las rúbricas de los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo; de Economía, José Luis Lupo; y de Hidrocarburos, Marco Antonio Oviedo Huerta, recurre a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares para sustentar la excepción normativa. El artículo primero del decreto autoriza la importación de combustibles líquidos para misiones diplomáticas, misiones especiales, consulares y organismos internacionales «de manera excepcional, temporal y en tanto existan conflictos sociales que afecten el normal abastecimiento».
El procedimiento establecido por la norma reduce la tramitología a una declaración jurada que las representaciones extranjeras presentarán ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería, a partir de ese documento, activará los mecanismos para obtener las autorizaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y, en los casos que corresponda, del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Una vez completado ese circuito, las misiones diplomáticas obtendrán los permisos para proceder al despacho aduanero con la factura comercial, el parte de recepción y las autorizaciones previas.
La exención tributaria para estas importaciones, amparada en tratados internacionales, ha generado inquietud entre los sectores productivos del país, que enfrentan restricciones severas para acceder al combustible. Los empresarios del transporte y la industria denunciaron que el decreto crea un régimen de privilegio para las misiones extranjeras, mientras los bolivianos deben lidiar con el desabastecimiento y el mercado negro, que ha disparado los precios del carburante hasta en un 200 por ciento en algunas regiones.
En el plano doméstico, el Decreto Supremo 5634 aborda el abastecimiento de las instituciones calificadas como «Primera Línea». La norma define a estas entidades como aquellas que prestan servicios esenciales vinculados a salud, atención de emergencias, gestión de residuos sólidos, agua potable y alcantarillado, energía, seguridad y defensa del Estado. Para garantizar su funcionamiento, YPFB podrá instalar puntos de venta móvil, que operarán a través de cisternas que recorrerán el territorio nacional para abastecer exclusivamente a hospitales, cuarteles y servicios de emergencia.
El artículo cuarto de este decreto autoriza a las instituciones de primera línea a retirar combustible hasta un máximo de 4.999 litros por operación, directamente desde las plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos. Esta disposición busca mantener operativos los generadores eléctricos de los hospitales, las ambulancias del sistema de salud y los vehículos de las fuerzas de seguridad, que han visto comprometida su movilidad por la escasez de combustible.
La ANH, como ente regulador, deberá emitir una resolución administrativa en el plazo de tres días hábiles para reglamentar los aspectos técnicos de la norma. La zonificación y los volúmenes de comercialización para bidones y tambores deberán establecerse con base en criterios de abastecimiento, demanda, disponibilidad de combustibles y condiciones de seguridad. La población general, mientras tanto, permanece sujeta a un límite de cinco litros diarios de gasolina o diésel en envases portátiles, con un tope mensual de 120 litros en el territorio nacional y 50 litros en zonas fronterizas.
El ministro proyectista del decreto 5634, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, suscribió el documento junto a los titulares de las carteras de Justicia, Defensa, Minería, Planificación, Trabajo, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Culturas, Medio Ambiente y la Presidencia. La norma abroga el Artículo 4 del Decreto Supremo 5313, de enero de 2025, y deja sin efecto las disposiciones previas sobre comercialización de combustibles envasados.
La publicación de ambos decretos se produce en un momento de máxima tensión social. Los conflictos que afectan el abastecimiento de combustible tienen múltiples causas, entre las que destacan la falta de divisas para importar carburantes, los bloqueos de carreteras impulsados por sectores del transporte y la producción, y la caída en la producción de hidrocarburos en los últimos años. El gobierno ha recurrido a estas medidas excepcionales para evitar un colapso total del sistema de distribución, pero las críticas no se han hecho esperar.
Representantes de las juntas vecinales de las principales ciudades expresaron su preocupación por la creación de un circuito paralelo de distribución. «Los embajadores y los organismos internacionales podrán llenar sus tanques sin problema, mientras los bolivianos hacemos fila durante horas y, muchas veces, nos quedamos sin combustible», declaró un dirigente vecinal de la ciudad de El Alto, que prefirió reservar su identidad para evitar represalias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Protocolo, será el encargado de notificar a las misiones diplomáticas y consulados sobre los procedimientos establecidos en el decreto. Las representaciones extranjeras, que han expresado su preocupación por la escasez de combustible que afecta sus operaciones cotidianas, recibirán la comunicación oficial en los próximos días. Algunas embajadas ya habrían manifestado su intención de recurrir a la importación directa para garantizar el funcionamiento de sus sedes y la movilidad de su personal, aunque los detalles logísticos de la operación aún están en fase de evaluación.
La decisión gubernamental, respaldada por el Consejo de Ministros, refleja la complejidad de gestionar una crisis de abastecimiento en un contexto de escasez de recursos y conflictividad social. Las autoridades defienden la medida como un acto de responsabilidad internacional que no afecta el volumen de combustible destinado al mercado interno, aunque los ciudadanos que pernoctan en las estaciones de servicio esperando poder cargar sus vehículos perciben la situación de manera muy diferente.
Las plantas de almacenaje de YPFB, ubicadas en Senkata, Patacamaya, Cochabamba y Santa Cruz, operan con inventarios reducidos y las nuevas importaciones de carburantes tardarán al menos dos semanas en llegar al país. El gobierno ha asegurado que las medidas adoptadas mediante los decretos 5634 y 5635 son temporales y se mantendrán únicamente mientras persistan los conflictos sociales que afectan el abastecimiento. Sin embargo, la población mantiene su escepticismo ante la prolongación de la crisis y la falta de soluciones estructurales para un problema que se ha agravado en los últimos meses.