Washington incluyó al fiscal general Roger Mariaca y a otros 12 bolivianos en restricciones migratorias vinculadas a corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar las visas a 12 ciudadanos bolivianos y restringir por separado el ingreso del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, abrió una crisis política que alcanza al Ministerio Público, jueces, fiscales, la Policía, la Aduana y a exautoridades del Estado.
La medida fue anunciada el lunes 28 de septiembre por el Departamento de Estado estadounidense dentro de una acción que comprende a funcionarios, exfuncionarios y particulares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso boliviano, Washington identificó a Mariaca en una designación separada y revocó las visas de otros 12 ciudadanos.
La nómina incluye fiscales, jueces, un magistrado constitucional, un exmagistrado, un exministro de Justicia, un coronel de la Policía, un expresidente interino de la Aduana Nacional y un empresario privado.
El Departamento de Estado atribuyó las restricciones a señalamientos relacionados con corrupción, narcotráfico y acciones que, según Washington, afectan los esfuerzos contra el crimen organizado. En el caso de Mariaca, la acusación estadounidense sostiene que habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Son acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense y no equivalen, por sí mismas, a una condena penal.
Mariaca rechazó públicamente los señalamientos y atribuyó la decisión a una posible presión vinculada con investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.
MARIACA RESPONDE Y APUNTA AL CASO CERIMEDO
Desde Sucre, el fiscal general afirmó que recibió “con mucha sorpresa” la decisión de Washington y cuestionó cualquier intento externo de condicionar las actuaciones de la Fiscalía.
“Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no”, declaró Mariaca, al reclamar respeto a la soberanía y a las instituciones bolivianas. También aseguró que continuará con las investigaciones que están bajo su responsabilidad.
Entre los procesos que mencionó está el denominado caso Cerimedo, investigación que involucra al argentino Fernando Cerimedo y que comprende, entre otros aspectos, una causa por legitimación de ganancias ilícitas. La audiencia destinada a autorizar el acceso a información digital de un teléfono celular y una computadora de Cerimedo fue postergada hasta el 13 de octubre.
Mariaca relacionó su situación con ese proceso y con otras investigaciones. “Ninguna presión política nacional e internacional puede convertirse en un impedimento de hechos que deben ser investigados”, sostuvo.
La vinculación entre el veto estadounidense y el caso Cerimedo también fue planteada por otras figuras políticas, aunque sin que hasta ahora se haya presentado públicamente documentación estadounidense que establezca que esa investigación sea la causa de la medida.
El exministro Jerjes Justiniano, abogado vinculado al caso Cerimedo, cuestionó la coincidencia temporal de ambos acontecimientos y escribió en redes sociales: “Parece que Mariaca se transformó en una piedra en el zapato o caló muy fuerte el caso Cerimedo”.
La exministra Gabriela Montaño también relacionó ambos hechos y afirmó que existe un intento de “hacer desaparecer” la investigación sobre Cerimedo. “La visa de Estados Unidos no se puede convertir en chantaje”, manifestó. Sus declaraciones corresponden a una interpretación política de la medida estadounidense y no a una explicación oficial de Washington.
EL LEGISLATIVO PIDE QUE MARIACA SE APARTE
El impacto político aumentó pocas horas después del anuncio estadounidense.
Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, pidieron a Mariaca apartarse temporalmente del ejercicio de sus funciones mientras se conocen los antecedentes de las acusaciones.
Ambos anunciaron además que solicitarán información oficial mediante la Cancillería y plantearon la convocatoria de una sesión de la Asamblea Legislativa para abordar el caso.
Ávila marcó una diferencia entre una acusación y una sentencia. “Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó, al explicar que antes de adoptar determinaciones se requiere conocer la documentación que sustenta las acusaciones estadounidenses.
La posición de los presidentes de ambas cámaras coloca ahora a la Fiscalía General en el centro de una discusión institucional que puede trasladarse al Legislativo, mientras se espera información oficial sobre los antecedentes utilizados por Washington.
LOS 12 BOLIVIANOS AFECTADOS
La lista difundida por Estados Unidos comprende a Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; y Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal de Santa Cruz.
También aparecen Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; y Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
Completan la relación Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía y exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
El caso de Cabrera tiene una particularidad: meses antes de aparecer en la lista estadounidense había participado, junto con autoridades antidrogas bolivianas, en reuniones con la DEA en Estados Unidos para coordinar acciones contra organizaciones criminales, entre ellas las vinculadas a Sebastián Marset.
Soto de la Vía, por su parte, había ejercido como presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional desde noviembre de 2025 y todavía desarrollaba actividades institucionales durante 2026, según publicaciones oficiales de la entidad.
Además de los 12 bolivianos cuyas visas fueron revocadas, Washington informó que otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa fueron declarados inelegibles para obtenerla, junto con sus familiares.
QUIROGA EXIGE INVESTIGACIÓN Y ROMERO CUESTIONA AL ESTADO
El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió que la Asamblea Legislativa investigue a las autoridades y exautoridades incluidas en las medidas estadounidenses.
“Queremos todos que se investigue, que se aclare, que se llegue a fondo”, sostuvo, y pidió que el Congreso recabe información y determine si corresponde iniciar investigaciones, procesos o enjuiciamientos.
Quiroga también cuestionó el impacto de la acusación sobre la credibilidad del Ministerio Público y planteó que el Legislativo conforme una comisión para reunir los antecedentes.
El exministro de Gobierno Carlos Romero, entretanto, sostuvo que el caso deja al país en una situación comprometida y afirmó que “el narcotráfico ha penetrado las instituciones”. También pidió conocer si las medidas estadounidenses están relacionadas con investigaciones u órdenes de captura internacional o si corresponden exclusivamente a restricciones migratorias.
El vocero de la alianza Unidad, Roberto Moscoso, coincidió en la necesidad de obtener información oficial. “Cancillería debe pedir más información a EEUU sobre veto”, afirmó, al considerar que el caso debe ser revisado antes de establecer responsabilidades.
Desde la Comisión de Justicia Plural, su presidente, Manolo Rojas, pidió esperar información oficial y defendió el derecho de Mariaca a responder a los señalamientos. “Fiscal Mariaca tiene derecho a defenderse”, declaró.
La medida estadounidense, por ahora, tiene carácter migratorio. El propio listado de afectados y las declaraciones públicas conocidas no sustituyen investigaciones ni procesos judiciales en Bolivia. La controversia queda abierta mientras la Cancillería gestiona información de Washington y el Legislativo analiza si corresponde activar mecanismos de investigación sobre las autoridades señaladas.