La acusación abre nuevamente la discusión sobre el manejo discrecional de recursos públicos y las denuncias de pagos, cargos y beneficios para conseguir respaldo legislativo.

Samuel Doria Medina afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz dispone de recursos que, aunque ya no aparecen bajo la denominación histórica de “gastos reservados”, estarían siendo utilizados para conseguir respaldo político en la Asamblea Legislativa.
“Como hay recursos, que ahora ya no se llaman gastos reservados, pero como hay altos recursos, los aplicaremos a conseguir votos en el Parlamento y ha habido transfugio”, declaró Doria Medina, en una de las acusaciones más directas formuladas desde su ruptura con el Ejecutivo.
La afirmación se suma a denuncias realizadas desde julio por dirigentes y legisladores de oposición sobre supuestos ofrecimientos de cargos, viajes, pagos y otras ventajas para conseguir que asambleístas se aparten de las posiciones de sus bancadas. Hasta ahora, esas acusaciones no han sido acompañadas públicamente, en todos los casos, por pruebas que permitan establecer el origen y destino de los recursos señalados.
LAS DENUNCIAS COMENZARON CON CARGOS, VIAJES Y PAGOS
El abogado y vocero de Libre, Luis Vásquez Villamor, denunció el 28 de julio que el Ejecutivo utilizaba “dádivas” para captar legisladores de Unidad y Libre. Según su versión, los ofrecimientos incluían cargos públicos, viajes y pagos destinados a conseguir adhesiones y debilitar a la oposición.
La diputada Lissa Claros también había denunciado la circulación de “maletines negros”, códigos QR y ofrecimientos de empleos durante la aprobación del Presupuesto General del Estado reformulado. Esas acusaciones fueron parte de una serie de cuestionamientos sobre la forma en que el oficialismo consiguió respaldo legislativo para iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
Las denuncias no quedaron únicamente en declaraciones de dirigentes. El 12 de agosto, el presidente del Senado descartó que existiera una compra de asambleístas y explicó que las conversaciones con legisladores correspondían a la búsqueda de consensos para obtener las mayorías necesarias.
Además, legisladores de Unidad y Libre reclamaron pruebas frente a las acusaciones de pagos directos. Parlamentarios de ambas alianzas negaron haber recibido dinero y pidieron que quienes formularon las denuncias presenten documentación que permita verificar los hechos.
UNA DENOMINACIÓN QUE DESAPARECIÓ HACE 20 AÑOS
La referencia de Doria Medina a los “gastos reservados” tiene un antecedente concreto en la legislación boliviana.
En 2004, el Decreto Supremo 27345 reguló la partida denominada “Gastos Específicos” o “Gastos Reservados”, destinada oficialmente a necesidades relacionadas con la seguridad interna y externa del Estado. La norma prohibía expresamente utilizar esos recursos para campañas electorales, remuneraciones a funcionarios, legisladores o magistrados, así como para gastos que ya contaran con otras partidas presupuestarias.
Dos años después, el Decreto Supremo 28686 eliminó esa cuenta. La disposición estableció la desaparición de la partida y ordenó que los saldos fueran transferidos al Ministerio de Hacienda mientras se definía otro mecanismo para atender asuntos de seguridad y emergencias nacionales bajo reglas de mayor transparencia.
La Ley 3391, aprobada en mayo de 2006, también dispuso el tratamiento de los saldos existentes de la partida 26100 y estableció mecanismos para transferir esos recursos a otras partidas presupuestarias.
Por eso, la expresión utilizada ahora por Doria Medina no significa que exista formalmente una partida presupuestaria denominada “gastos reservados” en la administración de Paz. Su denuncia apunta a que existirían recursos con otro tratamiento o denominación que, según su acusación, estarían siendo empleados para obtener apoyos parlamentarios.
RUPTURA CON PAZ Y ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
La declaración de Doria Medina se produce después de la ruptura formal de Unidad Nacional con el Gobierno, anunciada el 27 de julio. La separación fue atribuida públicamente a diferencias éticas, cuestionamientos sobre la gestión y desacuerdos con la conducción del Ejecutivo.
El empresario sostuvo que el objetivo de la administración de Paz no estaría concentrado únicamente en resolver los problemas económicos y sociales, sino en aprovechar los recursos estatales para consolidar poder político.
También recordó los conflictos que tuvo con integrantes del Ejecutivo y mencionó al exministro de la Presidencia José Luis Lupo como uno de los casos que, según su versión, reflejan las dificultades para fiscalizar internamente al Gobierno.
“Cuando estaba José Luis Lupo de ministro, hemos escuchado grabaciones y demás que decían que era muy incómodo. ¿Por qué? Porque Lupo nunca se iba a prestar para la corrupción”, afirmó.
Doria Medina vinculó esa situación con las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien anteriormente lo había denominado “aliado incómodo”.
La ruptura dejó a Unidad fuera del respaldo político que inicialmente acompañó a Paz y coincidió con una etapa de negociaciones individuales entre el Ejecutivo y legisladores. En agosto, el vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que el Gobierno buscaría conversar con cada asambleísta para conseguir apoyo a sus proyectos, mientras desde Libre se advirtió sobre posibles casos de transfugio.