El empresario advierte que la propuesta mantiene dudas sobre regalías, exploración, derechos mineros y consulta indígena, mientras reclama al Gobierno mayor transparencia y diálogo público durante el debate legislativo nacional.
El empresario y político Samuel Doria Medina cuestionó la forma en que el Gobierno está llevando adelante el proyecto del nuevo Código Minero y advirtió que la propuesta no fue explicada suficientemente ante la opinión pública ni discutida con los sectores que expresaron observaciones. Una reforma de esa magnitud, sostuvo, no puede avanzar sin transparentar sus objetivos y conducir una negociación amplia.
Doria Medina enumeró reparos relacionados con el destino de las regalías, las inversiones en exploración, los acuerdos entre compañías privadas y cooperativas, la vigencia de los derechos mineros y las condiciones para la consulta previa a los pueblos indígenas.
Entre los puntos que destacó está la reducción del porcentaje de regalías que, de acuerdo con su publicación, debe destinarse a la búsqueda de nuevos yacimientos. También observó que el proyecto mantendría los actuales niveles de regalías, en lugar de revisar esos porcentajes ante los elevados precios internacionales de los minerales.
OBSERVACIONES SOBRE LAS REGALÍAS Y LOS CONTRATOS
También recogió cuestionamientos sobre la posibilidad de que empresas mineras privadas establezcan acuerdos con cooperativas. Según las objeciones que mencionó, ese mecanismo podría reducir los beneficios estatales provenientes de las operaciones de mayor escala. A ello sumó reparos por el tiempo de duración de los derechos mineros que se otorgarían al sector privado.
En materia ambiental y territorial, señaló que existen organizaciones ambientalistas contrarias a que los derechos mineros tengan prioridad sobre las actividades agrícolas y forestales. También mencionó cuestionamientos a las restricciones que, según esas observaciones, tendría la consulta previa a las comunidades indígenas.
La elaboración de la norma tampoco habría conformado a todo el sector cooperativista. Doria Medina indicó que cooperativas de Potosí y Oruro dedicadas a minerales distintos al oro se sienten excluidas del proceso y sostienen que la discusión tomó en cuenta principalmente a organizaciones auríferas de La Paz.
CUESTIONA LA AUSENCIA DE UNA CONDUCCIÓN POLÍTICA
Más allá del contenido específico, el empresario puso el foco en la conducción política del proceso. Afirmó que el sistema de derechos mineros arrastra desorden, mientras las instituciones responsables carecen de prestigio y capacidad de control. Frente a esa situación, consideró insuficiente que el ministro de Minería quede como responsable de explicar el proyecto.
También cuestionó que las principales autoridades concentren su agenda en viajes destinados a promover la «preinversión», mientras una reforma que considera esencial no cuenta con una explicación pública clara. Planteó que el Gobierno debe exponer qué busca cambiar, por qué propone esas medidas y de qué manera espera que beneficien al país.
Finalmente, advirtió que la aprobación del Código no debería depender de concesiones a los legisladores. «No es algo que se pueda aprobar entregando prebendas a los parlamentarios», escribió, y alertó que recurrir a ese camino podría generar consecuencias políticas.
Su pronunciamiento instala así un cuestionamiento tanto al contenido de la reforma como a la falta de información y negociación que, sostiene, rodea su tratamiento.






