La detención del ejecutivo de la CSUTCB abrió una nueva controversia política mientras la Fiscalía avanza la investigación y el Gobierno ratifica que no permitirá nuevos bloqueos de carreteras.
La aprehensión del secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, provocó una nueva confrontación entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Ministerio Público sostiene una investigación por presuntos delitos relacionados con los bloqueos registrados entre mayo y junio, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, denunció que el caso responde a una persecución política y acusó al Gobierno de incumplir los compromisos alcanzados durante el diálogo con los sectores movilizados.
Pacheco cuestionó la actuación del Ejecutivo y afirmó que la justicia está siendo utilizada para intimidar a dirigentes sociales. «Gobierno trata de acallar, quieren meter miedo», declaró al referirse a la aprehensión de Quispe. El legislador recordó que, tras las negociaciones para levantar las medidas de presión, se suscribió un acuerdo de ocho puntos que contemplaba la no persecución política de los participantes en el conflicto.
Según el parlamentario, el Gobierno dejó de lado ese compromiso y, en cambio, impulsa procesos judiciales contra dirigentes campesinos. A su juicio, esa situación también afecta al movimiento sindical y genera preocupación entre las organizaciones sociales que participaron en las protestas.
La defensa de David Quispe rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía y aseguró que el dirigente colaboró con la investigación desde el primer momento. El abogado de la CSUTCB, Rodrigo Gutiérrez, sostuvo que su defendido declaró voluntariamente y proporcionó toda la información requerida para demostrar que no incurrió en los delitos investigados.
«David Quispe, al ser inocente, se ha acogido a declarar, ha dicho su verdad y ha dado los datos necesarios para demostrar su inocencia», afirmó el jurista. Agregó que las investigaciones se sustentan principalmente en declaraciones públicas realizadas por el dirigente durante el conflicto, aunque, según la defensa, en ninguna de ellas promovió acciones violentas.
Gutiérrez remarcó que Quispe «siempre ha sido un canal de diálogo con el Gobierno para poder pacificar y terminar con el conflicto», por lo que consideró que el proceso judicial representa una «criminalización del derecho a la protesta y de la libertad de expresión». Asimismo, anticipó que durante la audiencia cautelar solicitará que el dirigente pueda asumir su defensa en libertad, desvirtuando la presunta autoría y los riesgos procesales señalados por la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Quispe Machaca es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. La Fiscalía sostiene que, en su condición de ejecutivo de la CSUTCB, participó en convocatorias a ampliados y cabildos sindicales, además de emitir declaraciones relacionadas con los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio. Hasta la definición de su situación jurídica, permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
En medio de la controversia, el presidente Rodrigo Paz endureció el mensaje del Gobierno frente a posibles nuevas medidas de presión. «El que se anime a hacer bloqueos ya sabe dónde va a estar: donde el señor Vicente Salazar, en la cárcel, en Chonchocoro. Ahí se tienen que ir», afirmó.
El mandatario sostuvo que el derecho a la protesta está garantizado, pero advirtió que no puede ejercerse afectando a terceros. «Tú puedes protestar, pero no le puedes hacer daño a tu prójimo. Ser boliviano no puede significar hacerle daño a un prójimo», manifestó, al reiterar la posición del Ejecutivo frente a eventuales bloqueos de carreteras.
DIPUTADO DENUNCIA USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA
