Un sondeo nacional de Coolosa Comunicaciones, aplicado a 6.040 ciudadanos en ciudades de Bolivia, evidencia 81% de desconfianza, 62% de desaprobación y percepciones económicas negativas.
A cuatro meses de gestión, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta una evaluación ciudadana predominantemente crítica, con la desconfianza como indicador central. De acuerdo con un sondeo nacional, el 81% de los encuestados manifiesta tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas del país, estableciendo un nivel elevado de escepticismo en la opinión pública.
El estudio, desarrollado por Coolosa Comunicaciones, se llevó a cabo entre el 2 y el 30 de marzo de 2026 y abarcó a 6.040 personas en las principales ciudades del país. La muestra incluye los ejes urbanos más relevantes, lo que permite identificar tendencias consolidadas en la percepción ciudadana.
El nivel de desconfianza registrado se posiciona por encima de otros indicadores evaluados en el estudio, lo que refuerza su carácter estructural en la valoración del Gobierno. Este dato se complementa con una desaprobación del 62%, frente a un 27% de aprobación y un 11% de encuestados que no define su postura. La diferencia entre ambas posiciones configura una brecha significativa en la evaluación del desempeño presidencial.
La percepción sobre el rumbo del país también presenta una tendencia mayoritaria negativa. El 68% de los participantes considera que Bolivia avanza en una dirección incorrecta, mientras que un 31% estima que el país se encuentra en el camino adecuado. Este indicador introduce una dimensión adicional en el análisis, al reflejar una evaluación crítica no solo de la gestión, sino también de la orientación general de las políticas públicas.
En el plano económico, los resultados del sondeo muestran un deterioro en la percepción de los hogares. El 54% de los encuestados afirma que su situación económica ha empeorado en comparación con el año anterior. En contraste, un 20% indica que ha mejorado, mientras que un 26% señala que no ha registrado cambios. La diferencia entre quienes perciben retrocesos y quienes reportan avances refuerza la tendencia negativa en la evaluación económica.
La consistencia entre los principales indicadores —desconfianza, desaprobación, percepción de rumbo y situación económica— permite observar un patrón uniforme en la opinión pública. La magnitud del 81% en el nivel de desconfianza constituye el punto más alto del estudio, lo que evidencia una percepción extendida sobre la capacidad del Gobierno para responder a las demandas ciudadanas.
Desde el punto de vista metodológico, la encuesta se aplicó en ciudades como El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija. Esta cobertura territorial permite recoger percepciones en los principales centros poblacionales y económicos del país.
La composición de la muestra presenta una participación relevante de ciudadanos con niveles de formación académica media y superior. El 47% de los encuestados cuenta con educación universitaria y el 30% con formación técnica, mientras que el resto se distribuye entre niveles secundarios, primarios y de posgrado. Este perfil aporta elementos para comprender el tipo de percepción reflejada en los resultados.
En el ámbito laboral, el 41% de los participantes se identifica como trabajador independiente, el 29% como desempleado, el 21% como empleado formal y el 9% en otras categorías. Esta estructura evidencia la presencia de sectores con ingresos variables o inestables, lo que puede incidir en la evaluación económica registrada en el sondeo.
La distribución por edad muestra una mayor participación de personas entre 25 y 34 años, seguidas por los rangos de 35 a 44 años y de 18 a 24 años. En menor proporción se encuentran los grupos de 45 a 54 años y mayores de 55. Esta composición indica una presencia predominante de población en edad productiva.
CONTEXTO DE GESTIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN
Los resultados del sondeo se desarrollan en un panorama marcado por distintos factores que han incidido en el debate público. Entre ellos, se encuentran los cuestionamientos vinculados a la calidad del combustible, que han generado reclamos por parte de transportistas y usuarios debido al rendimiento del producto y su impacto en el funcionamiento de los motorizados.
Otro tema que permite la desconfianza del ciudadano a los gobernantes, es el caso de las denominadas “32 maletas” que continúa sin esclarecerse. Hasta la fecha, las autoridades no han identificado responsables por el ingreso de estos equipajes al país desde Estados Unidos, en medio de versiones extraoficiales que apuntan a la posible introducción de varios millones de dólares.
