La diferencia entre el peso anunciado tras el operativo y el registro oficial intensificó las investigaciones sobre el cargamento, la liberación de involucrados y los procedimientos aplicados por las autoridades.

La investigación por el cargamento de oro interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru dio un giro tras confirmarse una diferencia entre el peso informado al inicio del operativo y la cantidad consignada posteriormente en la documentación oficial. Mientras el primer reporte mencionó 211 kilogramos de oro, el registro presentado por las autoridades redujo esa cifra a 189,5 kilogramos, dejando sin explicación el destino de aproximadamente 22 kilos del mineral.
La variación fue reconocida por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien dispuso una revisión completa de todos los antecedentes del caso. La instrucción comprende la verificación del peso real del cargamento, el análisis de las actas de requisa, los informes elaborados por las instituciones que participaron en el procedimiento y la reconstrucción cronológica de cada actuación realizada desde que el oro fue detectado en el aeropuerto.
«Se ha reportado que serían algunos kilos encima», manifestó Oviedo al referirse a la diferencia existente entre el primer dato difundido y la cifra oficial. La autoridad señaló que la investigación deberá establecer con precisión qué ocurrió durante el procedimiento y en qué momento surgió la discrepancia.
La revisión también alcanza a la situación de las seis personas que inicialmente fueron arrestadas durante el operativo. Cinco de ellas recuperaron posteriormente su libertad, mientras solo un involucrado continúa bajo detención preventiva dentro del proceso.
Ante esa situación, el ministro solicitó informes para conocer quién autorizó las liberaciones y cuáles fueron los argumentos legales utilizados para adoptar esa decisión.
«Pedimos que se informen las causas para la liberación de los cinco implicados», indicó Oviedo. Asimismo, reiteró que «este Gobierno no va encubrir ningún caso de corrupción o hecho ilícito», al anunciar que toda la documentación será puesta a disposición de las instancias investigativas.
De acuerdo con el informe oficial, el cargamento estaba conformado por 77 lingotes de oro que pretendían ser embarcados en un vuelo chárter con destino a Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, durante la revisión realizada por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) se estableció que el mineral no figuraba en sus registros oficiales.
Las observaciones también alcanzaron la documentación presentada para respaldar el traslado. Según el reporte oficial, el código QR incorporado en los documentos no pudo ser validado porque no contenía información legible, aspecto que pasó a formar parte de la investigación.
Mientras avanzaban las primeras actuaciones, también se conoció que existió una comunicación entre el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía; el ministro Marco Antonio Oviedo; y el director nacional de Senarecom, Armando Magne Zelaya, hecho que ahora integra los antecedentes del caso.
El operativo dejó inicialmente seis personas arrestadas, aunque únicamente Adrián Lema Roca, de 22 años, permanece aprehendido mientras es investigado por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y venta y compra ilegal de recursos minerales.
La diferencia en el peso del cargamento provocó cuestionamientos desde distintos sectores. El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, sostuvo que la desaparición de aproximadamente 22 kilogramos representa un hecho de enorme gravedad por el valor económico del mineral.
«No es una cadenita. Estamos hablando de 20 kilos, valorados en más de 20 millones de dólares. Es muchísima plata… normal no es», declaró.
Cronenbold añadió que un cargamento de esa magnitud no puede ser trasladado sin cumplir una serie de requisitos administrativos y técnicos.
«Todos sabemos que sacar oro tiene que tener una normativa, un reglamento, respaldos, permisos, todo. A no ser que todo estaba en orden y algo haya fallado. Nadie se atreve a llevar esa cantidad de oro si no tiene los avales correspondientes», afirmó.
Las inconsistencias también fueron observadas por el diputado del PDC, Milton Morales, quien advirtió que las cifras difundidas por distintas instituciones no coinciden entre sí.
«Se tiene entendido que son 211 kilos de oro. Pero también el Ministerio Público, por una parte, dice que son 185 kilos», expresó el legislador.
Morales anunció que solicitará acceso a toda la investigación para revisar los informes oficiales, verificar el origen del mineral y fiscalizar las actuaciones desarrolladas durante el operativo. Además, pidió aclarar por qué únicamente una persona permanece sometida al proceso judicial. «Esperemos que no desaparezca más oro del que ya han encontrado», manifestó.
Por su parte, la diputada Lissa Claros calificó el caso como «gravísimo» y afirmó que las irregularidades conocidas hasta el momento requieren una investigación integral que abarque la actuación de todas las instituciones involucradas. La legisladora informó que presentará solicitudes de informe escrito dirigidas a las autoridades competentes y promoverá la destitución del presidente de la Aduana Nacional.
Otro de los elementos que forma parte del proceso es el recorrido que siguió el cargamento antes de llegar al aeropuerto. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran una vagoneta Toyota Runner roja con placa 3770-ZPK trasladando las cajas donde eran transportados los lingotes.
Los registros de propiedad del motorizado establecen que el vehículo figura inscrito a nombre de Carlos Eduardo Lema Ribera. Ese automóvil aparece en las grabaciones que registran el ingreso del cargamento al aeropuerto antes de que fuera detectado mediante controles de Rayos X.
Los investigadores también buscan determinar la participación de todas las personas relacionadas con el traslado del oro, establecer la autenticidad de la documentación presentada para justificar la exportación y reconstruir cada decisión adoptada desde el momento de la intervención hasta la custodia del mineral.
La diferencia entre los 211 kilogramos inicialmente anunciados y los 189,5 kilogramos oficialmente registrados continúa sin una explicación pública. Esa variación, sumada a la liberación de cinco de los seis intervenidos, la falta de registro del mineral en Senarecom, las observaciones sobre la documentación presentada y el análisis del procedimiento aplicado durante el operativo mantienen abiertas varias líneas de investigación que deberán esclarecer qué ocurrió con el cargamento retenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru.