Actas de adjudicación, contratos administrativos e informes de selección oficiales muestran un incremento sostenido del premio por barril entre 2024 y 2026, con impacto directo y verificable en el gasto público mensual.
La denuncia por un presunto sobreprecio en la compra de crudo para abastecer el mercado interno se sostiene en documentos oficiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, firmados, numerados y archivados en procesos administrativos formales. No se trata de proyecciones ni de interpretaciones externas, sino de cifras consignadas en contratos y actas de adjudicación que definen cuánto paga el Estado por cada barril importado.
La revisión de esos papeles permite comparar dos procesos distintos. En 2024, YPFB suscribió el contrato GLC/ULGD N.º 48 con la empresa Botrading S.A. para el suministro de crudo y condensado. Dos años después, para la gestión 2026, la estatal adjudicó ese mismo suministro a Trafigura Pte Ltd mediante un proceso de selección basado en menor precio, según consta en el informe oficial correspondiente.
El elemento que marca la diferencia entre ambos contratos es el valor del “premio” por barril. Este componente forma parte del precio final que paga YPFB, junto con la cotización internacional del crudo WTI, los costos de transporte y otros gastos asociados. Su variación tiene un efecto directo sobre el monto total desembolsado con recursos públicos.
En el contrato con Botrading, los documentos establecen premios de 9,10 dólares por barril para el punto de entrega en Pocitos, Yacuiba, y de 18,41 dólares por barril para la terminal Sica Sica, en Arica. Los volúmenes referenciales alcanzan hasta 150.000 barriles en Pocitos, 600.000 barriles en Tiguipa, Chuquisaca, y 200.000 barriles en Arica. El monto máximo contractual asciende a 89,69 millones de dólares.
Los registros administrativos de la adjudicación a Trafigura muestran un cambio sustancial. Para la gestión 2026, el premio fijado en Pocitos sube a 20,88 dólares por barril y en Arica a 22,88 dólares por barril. Las actas oficiales señalan que las condiciones de entrega y el tipo de suministro se mantienen dentro de los parámetros habituales de YPFB.
Al aplicar estos valores a los volúmenes demandados por la estatal, la diferencia económica es clara. La comparación entre los premios de 2024 y los aprobados para 2026 arroja una variación cercana a cuatro millones de dólares adicionales por mes que YPFB debe pagar únicamente por ese componente del precio. La cifra surge de operaciones aritméticas simples basadas en datos consignados en los propios contratos.
Este incremento documentado activó acciones políticas concretas. El diputado Rolando Pacheco confirmó que se encuentra preparando una denuncia penal por presunto daño económico al Estado. Señaló que la fiscalización es una obligación constitucional y que la falta de explicaciones oficiales frente a cifras de esta magnitud agrava la responsabilidad de las autoridades involucradas en la toma de decisiones.
Pacheco apuntó directamente al presidente de YPFB y al ministro de Hidrocarburos como responsables administrativos de los contratos, recordando que la estatal opera bajo tuición del Órgano Ejecutivo. Sus declaraciones se basan en la lectura de los documentos públicos que detallan precios, volúmenes y adjudicatarios.
Los contratos revisados establecen que su naturaleza es administrativa y que están sujetos a los mecanismos de control previstos en la legislación boliviana. También consignan que los precios finales incluyen variables internacionales. Sin embargo, los mismos documentos muestran que el aumento del premio por barril no es marginal ni excepcional, sino sostenido y cuantificable.
CONTRATOS DE YPFB REVELAN SOBREPRECIO MENSUAL DE CUATRO MILLONES DÓLARES EN CRUDO IMPORTADO
