Bolivia y Francia cerraron el primer ciclo de encuentros de coordinación y acordaron poner en marcha un programa de formación dirigido a investigadores forenses forestales, bomberos, policías y fiscales, para identificar las causas de los incendios y fortalecer sus capacidades de respuesta, prevención y judicialización de delitos ambientales.

El secretario General de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, informó que la delegación francesa realizó una serie de reuniones y actividades de campo que permitieron conocer y comprender, de manera directa, la magnitud y complejidad de la crisis forestal experimentada por Bolivia en 2024.

El trabajo con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) es una iniciativa que sienta las bases para un proceso integral de fortalecimiento de la justicia ambiental y climática, con el objetivo de identificar, con precisión judicial, las causas y responsables de los incendios forestales registrados en 2024, en concordancia con los compromisos asumidos en defensa de la vida  y el marco del Acuerdo de Escazú.

“La misión francesa llegó con el objetivo de recabar información clave, mediante el análisis de imágenes satelitales, revisión de documentación técnica, entrevistas con comunidades locales y autoridades; así como visitas in situ a las áreas afectadas. Esta información será fundamental para identificar patrones, causas y posibles responsables de los incendios”, explicó Alurralde sobre la reunión que concluyó el viernes.

Además, subrayó que el fortalecimiento de las capacidades institucionales es un pilar central de esta cooperación. “No basta con conocer las causas; debemos preparar a nuestros investigadores, bomberos, policías y fiscales para que puedan aplicar de manera efectiva metodologías científicas y forenses en la investigación de delitos ambientales, garantizando procesos judiciales sólidos y técnicamente respaldados”.

Con el objetivo de establecer un protocolo nacional estandarizado para la investigación de incendios forestales se diseñará y ejecutará con el apoyo técnico de la Agencia de Cooperación Técnica Internacional Expertise France un programa de capacitación que incluirá módulos teórico-prácticos que abordarán aspectos como: Técnicas avanzadas de investigación forense forestal: recolección, análisis y preservación de evidencias en terreno; Interpretación de datos espaciales y teledetección: uso de imágenes satelitales y modelos geoespaciales para identificar patrones de ignición; Marco jurídico y peritaje técnico: aplicación del derecho ambiental en investigaciones y presentación de pruebas ante instancias judiciales; Análisis del comportamiento del fuego: dinámica, propagación y factores determinantes en la generación y expansión de incendios forestales.

De acuerdo con el cronograma establecido, entre febrero y abril de este año se trabajará en la elaboración de una metodología de investigación específica para analizar los incendios ocurridos entre julio y octubre de 2024 en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Pando y Beni. Este proceso integrará datos técnicos y testimonios locales para determinar las causas subyacentes de los incendios, identificar posibles acciones ilícitas y proponer medidas de política pública orientadas a una gestión forestal más eficiente, resiliente y sostenible.

“El desafío es inmenso, pero también es una oportunidad para consolidar una capacidad institucional robusta que nos permita anticipar, mitigar y sancionar las acciones que afectan nuestros bosques. La cooperación con Francia no es solo un apoyo puntual, sino el inicio de una alianza estratégica a largo plazo para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano y equilibrado”, expresó Alurralde.

La misión francesa estuvo encabezada por profesionales con vasta experiencia en investigación forense de incendios: Laurent Roya, oficial de bomberos e investigador forestal en el suroeste de Francia; Hervé Pichelin, teniente de bomberos e investigador forestal en el sureste del país galo; y Yakmila Aparicio, especialista en Derecho Ambiental.

Durante su estadía, los expertos sostuvieron encuentros estratégicos con representantes de instituciones como la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Procuraduría General del Estado y el Tribunal Agroambiental, entre otros actores gubernamentales y civiles.

Vía ABI