La compra de sillones en Diputados enfrenta una denuncia por presuntos sobreprecios, mientras Presidencia tramita la instalación de mamparas por Bs 96.450 en oficinas de asesores.

Dos contrataciones estatales por un monto conjunto de Bs 487.150 quedaron bajo observación por el destino de los recursos públicos. Una corresponde a la adquisición de sillones para la Cámara de Diputados, cuestionada por una legisladora que denunció posibles sobreprecios; la otra, a la instalación de mamparas en las oficinas de asesores presidenciales de la Casa Grande del Pueblo.
Aunque ambas operaciones involucran el acondicionamiento de dependencias públicas, sus situaciones administrativas son distintas: en Diputados existe una denuncia sobre los precios y las características del mobiliario adquirido, mientras que el Ministerio de la Presidencia todavía tenía en curso su convocatoria para las mamparas al 3 de noviembre.
DOS CONTRATOS PARA ADQUIRIR 119 SILLONES
La Cámara de Diputados firmó el 16 de septiembre dos contratos con la empresa Ideas, Inmobiliaria Integral, de Miguel Escobar Guerra, por un valor total de Bs 390.700.
El primero contemplaba la compra de 69 sillones semiejecutivos, con un costo de Bs 193.200, equivalente a Bs 2.800 por unidad. El segundo establecía la adquisición de 50 sillones ejecutivos por Bs 197.500, a razón de Bs 3.950 cada uno.
La diputada Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), observó principalmente el primer lote. Según su denuncia, los sillones no reunirían las características técnicas exigidas y habrían sido comprados a un precio muy superior al comercial.
La legisladora sostuvo que cada unidad podía conseguirse por alrededor de Bs 800, frente a los Bs 2.800 pagados por la Cámara. Con esa comparación, denunció un presunto sobreprecio superior al 200%.
También afirmó que funcionarios intentaron modificar los muebles para adecuarlos a las especificaciones establecidas en la contratación. Estas observaciones todavía deben contrastarse con las fichas técnicas, las condiciones contractuales y los precios de productos equivalentes.
UNO DE LOS CONTRATOS QUEDÓ SIN EFECTO
El procedimiento tuvo un cambio el 2 de octubre, cuando el responsable de la contratación comunicó a la empresa que dejaba sin efecto la adquisición de los 50 sillones ejecutivos por incumplimiento del plazo de entrega de 15 días.
Por tanto, los Bs 390.700 corresponden al monto conjunto de los dos contratos y no pueden considerarse íntegramente como dinero ejecutado.
Rivero anunció que presentaría una denuncia contra Alberto Ruiz, responsable del proceso, y dejó abierta la posibilidad de ampliar sus acciones contra el presidente de Diputados, Roberto Castro.
El titular de la Cámara rechazó los cuestionamientos y defendió la transparencia de su administración. Sostuvo que cualquier denuncia debe ser presentada ante las instancias competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.
PRESIDENCIA CONVOCA A INSTALAR MAMPARAS POR BS 96.450
El segundo procedimiento fue publicado el 28 de octubre por el Ministerio de la Presidencia. La convocatoria, identificada con el código CUCE 26-0025-00-1701760-1-1, corresponde a la instalación de mamparas en las oficinas de los asesores presidenciales, ubicadas en el piso 18 de la Casa Grande del Pueblo.
El presupuesto referencial alcanza los Bs 96.450 e incluye estructuras de aluminio, divisiones de vidrio, puertas y otros materiales necesarios para separar los ambientes de trabajo.
El desglose económico establece Bs 48.195 para vidrio templado y hule esmerilado, el componente más costoso. La perfilería de aluminio representa otros Bs 25.515. A esos importes se agregan Bs 5.661 para zócalos, Bs 5.040 para columnas, Bs 7.498,90 para vidrio crudo y canal U, y Bs 4.540,10 para puertas y accesorios.
La convocatoria fue publicada bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). Su cronograma fijó el 6 de noviembre como fecha para presentar propuestas y el 13 de noviembre como plazo previsto para la adjudicación. La formalización debía realizarse hasta el 27 de noviembre y la entrega definitiva estaba programada para el 22 de diciembre.
Al 3 de noviembre, por tanto, el proceso todavía no había llegado a la presentación de ofertas. La certificación presupuestaria acredita la previsión de recursos, pero no demuestra que el servicio haya sido adjudicado ni que el dinero se hubiera desembolsado.
LOS MONTOS NO DEMUESTRAN POR SÍ SOLOS SOBREPRECIOS
La denuncia de Rivero sobre los sillones tiene un señalamiento específico: la diferencia entre el precio pagado y el valor comercial que, según sus cotizaciones, tendrían los muebles. En el caso de las mamparas, la observación está relacionada con el gasto previsto para acondicionar oficinas presidenciales.
Sin embargo, los Bs 96.450 no constituyen por sí mismos una prueba de sobreprecio. Para establecer si existe una diferencia injustificada será necesario conocer las dimensiones de las instalaciones, las cantidades de materiales, su calidad, las especificaciones técnicas y el costo de la mano de obra.
También será importante comparar las ofertas económicas que presenten las empresas interesadas y conocer cuál resulte adjudicada.
La información publicada por el Ministerio de la Presidencia confirma que la instalación de mamparas forma parte de sus convocatorias de contratación.
BS 487.150 ENTRE CONTRATOS Y UNA CONVOCATORIA
La suma de los dos procedimientos llega a Bs 487.150, pero ese importe reúne situaciones diferentes. Los Bs 390.700 corresponden a los dos contratos de Diputados, aunque uno fue dejado sin efecto, mientras que los Bs 96.450 de Presidencia son un presupuesto referencial de una contratación todavía vigente.
La revisión de los documentos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), difundida por la Agencia de Noticias Fides el 2 de noviembre, permitió conocer los montos, las empresas participantes y las condiciones de adquisición de los sillones.
En ambos casos, la documentación administrativa será determinante para establecer si hubo irregularidades. Para Diputados deben conocerse las actas de recepción, las características reales de los muebles y las cotizaciones utilizadas por Rivero para sustentar su denuncia. En Presidencia, las propuestas económicas, las cantidades requeridas y el contrato que eventualmente se firme permitirán evaluar el costo de la instalación.
La diferencia entre una compra observada por una denuncia de sobreprecio y una convocatoria que todavía recibe propuestas también debe mantenerse al informar sobre el uso de los recursos estatales.