Los dirigentes cocaleros acusan al Ejecutivo de intervenir sin concertación, advierten sobre posibles enfrentamientos y exigen una reunión con las autoridades para acordar los procedimientos de reducción de cultivos.
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en estado de emergencia y alerta ante la presencia de efectivos policiales y militares destinados a tareas de reducción de cultivos de coca. Sus representantes denunciaron que las intervenciones comenzaron sin consultar a las organizaciones de productores y responsabilizaron al Gobierno de Rodrigo Paz por cualquier enfrentamiento que pudiera producirse en la región.
La denuncia fue presentada por dirigentes de la organización, quienes cuestionaron que la Fuerza de Tarea Conjunta ingresara a comunidades del Chapare sin establecer previamente mecanismos de coordinación. Según explicaron, las autoridades debían convocar a los representantes sindicales para informar sobre los procedimientos y las zonas previstas para las tareas de racionalización.
«Ingresó la Fuerza de Tarea Conjunta para realizar la reducción forzosa, sin coordinación, sin diálogo con las seis federaciones del Trópico, como indica la Ley de la Hoja de Coca y la Constitución», manifestó Wilma Colque, coordinadora de las seis organizaciones.
DENUNCIAN DESPLIEGUE DURANTE TODOS SANTOS
Los dirigentes cuestionaron que el movimiento de uniformados se produjera durante las celebraciones de Todos Santos, cuando numerosas familias permanecían en sus comunidades. Consideraron que la intervención, sin comunicación previa, podía provocar enfrentamientos entre los efectivos desplazados y los productores de coca.
Uno de los representantes llegó a comparar la situación con episodios de violencia registrados durante gobiernos militares y mencionó las masacres de San Juan y Todos Santos. También preguntó si el despliegue respondía a la intención de ejecutar operativos que terminaran en hechos de sangre.
Las acusaciones incluyen el supuesto envío de un número de policías y militares superior al que habitualmente se observa en los campamentos de erradicación. Dieter Mendoza sostuvo que el despliegue registrado el lunes llamó la atención de las organizaciones por la cantidad de efectivos movilizados.
«Han enviado militares y policías como nunca se ha visto en un campamento o Fuerza de Tarea Conjunta», declaró.
RECLAMAN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 906
Las organizaciones también cuestionaron la falta de respuesta a las solicitudes de reunión que, según sus representantes, fueron enviadas a diferentes ministerios. Aseguraron que intentaron establecer canales de comunicación antes de que comenzaran las intervenciones, pero no consiguieron una respuesta que permitiera acordar el trabajo con las autoridades.
La Ley 906, General de la Coca, establece diferencias entre erradicación y racionalización. La primera corresponde a cultivos ubicados en zonas no autorizadas, mientras que la segunda se aplica a la producción excedentaria dentro de las áreas permitidas y contempla la concertación con los productores. La misma norma asigna al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la promoción de esos acuerdos y al Ministerio de Gobierno la ejecución de la racionalización.
El Gobierno, por su parte, había anunciado en septiembre que las tareas de reducción y contención de cultivos excedentarios se desarrollarían mediante concertación con los productores y respeto a sus derechos. Esa posición fue comunicada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, después de conocerse el incremento de los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, según el monitoreo de Naciones Unidas correspondiente a 2025.
DIRIGENTES PIDEN EVITAR ENFRENTAMIENTOS
Los representantes de las seis federaciones responsabilizaron al viceministro de Defensa Social por la falta de coordinación y sostuvieron que las decisiones de las autoridades pueden generar situaciones de violencia. También afirmaron que fueron los propios dirigentes quienes tuvieron que intervenir para tranquilizar a sus bases y evitar choques con los uniformados.
«Tenemos que ser los dirigentes en tratar de apaciguar, de calmar y de no llegar a mayores confrontaciones», manifestó uno de los representantes durante la conferencia de prensa.
La organización pidió al Ejecutivo convocar a una reunión con sus dirigentes para establecer cómo se desarrollarán las tareas de racionalización, identificar los procedimientos que corresponden y evitar intervenciones que, según denunciaron, ponen en riesgo a las familias de las comunidades productoras.
Las federaciones instruyeron a sus afiliados permanecer atentos a las determinaciones orgánicas y anunciaron que mantendrán su presencia en la región. Entre sus preocupaciones también mencionaron la seguridad de Evo Morales, cuya integridad dijeron estar dispuestos a defender.
«Aquí estamos para defender la vida, la democracia, la patria y la familia boliviana», expresó uno de los dirigentes.
Las denuncias fueron difundidas el 3 de noviembre por Unitel y ya habían sido recogidas el 1 de noviembre por Crónica, que informó sobre la declaración de alerta de las organizaciones cocaleras.
