El nuevo precio para grandes consumidores provoca cuestionamientos por sus efectos sobre producción, transporte y alimentos, mientras sectores movilizados exigen revisar o dejar sin efecto la medida.

El Decreto Supremo 5676 abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno. La decisión de fijar en Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores y compradores directos de YPFB generó rechazo entre transportistas, productores agropecuarios, avicultores, cañeros y organizaciones campesinas, que advierten que el incremento terminará incorporándose a los costos de producción y transporte.
La disposición establece precios diferenciados según el volumen y la modalidad de compra. El combustible puede mantenerse en Bs 9,80 para determinados consumidores que cumplen las condiciones previstas, mientras que quienes compren directamente de YPFB y los grandes consumidores deberán pagar Bs 18 por litro.
La diferencia de Bs 8,20 entre ambos precios es uno de los principales cuestionamientos planteados por los sectores afectados, que también advierten sobre la posibilidad de reventa y desvío del combustible hacia mercados paralelos.
Desde distintos espacios políticos y productivos surgió una coincidencia: el nuevo esquema no resuelve las dificultades de abastecimiento y puede generar nuevos problemas para quienes necesitan grandes cantidades de diésel para trabajar.
LARA LLAMA “DIESELAZO” A LA NUEVA MEDIDA
El vicepresidente Edmand Lara fue una de las autoridades que expresó públicamente su rechazo al decreto. Afirmó que la denominación utilizada por la población para referirse al incremento es “Dieselazo”.
“En las calles, en los mercados, en el campo, tiene otro nombre y se llama Dieselazo”, sostuvo.
Lara señaló que el aumento del combustible no puede analizarse únicamente desde el precio que paga quien compra diésel, debido a que el carburante es utilizado para transportar productos, movilizar mercancías y desarrollar actividades productivas.
“Nos llega a todos en el precio del pan, en el precio de la leche y en el precio del pasaje”, afirmó.
El vicepresidente también cuestionó que el Gobierno haya aprobado la medida sin una consulta previa con los sectores involucrados.
“Una decisión tan grande no se toma a escondidas. No se la toma en una noche sin sentarse con el pueblo”, manifestó.
Lara mencionó expresamente a transportistas, campesinos y microempresarios y sostuvo que las autoridades debieron escuchar sus posiciones antes de definir el nuevo precio.
“Gobernar es escuchar primero. Y aquí se decidió primero y se avisó después. Eso no es justo”, afirmó.
Entre sus propuestas planteó dejar sin efecto el decreto, reunir al Gobierno con transportistas, productores y trabajadores, realizar una auditoría y reforzar la lucha contra el contrabando.
EL SECTOR PRODUCTIVO TEME QUE EL COSTO LLEGUE A LOS ALIMENTOS
La Asociación Nacional de Avicultores cuestionó la diferencia entre los precios establecidos por el decreto. Su presidente, Omar Castro, advirtió que el esquema puede abrir espacio para la comercialización irregular de combustible.
“Va a haber diésel que van a sacar a 9,80 por debajo y se lo va a vender hasta 18 bolivianos en el mercado negro”, señaló.
Castro sostuvo que el incremento golpeará los costos de producción de las unidades pequeñas, medianas y grandes y pidió al Ejecutivo revisar la decisión.
La Cámara Agropecuaria del Oriente también expresó su rechazo. Su presidente, Klaus Frerking, cuestionó que existan diferentes precios para consumidores que utilizan el mismo combustible.
“La aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, a la especulación, al mercado negro y a la corrupción”, afirmó.
Frerking explicó que el sector agropecuario representa aproximadamente el 16% del consumo nacional de diésel y utiliza el combustible para sostener la producción de alimentos.
Ante la posibilidad de que los mayores costos afecten la producción, advirtió: “Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”.
La CAO anunció la convocatoria a un congreso extraordinario para definir las acciones que asumirá el sector.
TRANSPORTE PESADO RECHAZA PAGAR BS 18
Los dirigentes del transporte pesado también cuestionaron el esquema porque consideran que sus niveles habituales de consumo los llevarían rápidamente al precio más elevado.
Pedro Quispe explicó que los vehículos destinados al transporte nacional e internacional requieren grandes cantidades de combustible y cuestionó que los volúmenes superiores a los límites establecidos sean castigados con una tarifa de Bs 18.
“Es un engaño este decreto para nosotros”, afirmó.
El dirigente señaló que un transportista puede requerir alrededor de 2.000 litros de diésel al mes para desarrollar su actividad.
Juan Yujra, representante del transporte pesado, reclamó al Gobierno una explicación precisa sobre la norma y pidió garantizar primero el abastecimiento.
“Le mienten al pueblo, salen con discursos diferentes, al final no sabemos lo que está pasando”, sostuvo.
Para los transportistas, el problema se suma a las dificultades que ya enfrentan para conseguir combustible y a las largas filas registradas en diferentes puntos del país.
LAS PROTESTAS PASAN DE LOS RECLAMOS A LAS CALLES
El rechazo comenzó a expresarse también mediante movilizaciones.
Productores de la provincia Ichilo realizaron una marcha y protagonizaron un bloqueo esporádico en la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Uno de los productores afirmó que la protesta responde a una “disconformidad total” con el precio establecido por el DS 5676.
El sector sostuvo que no está dispuesto a aceptar el diésel a Bs 18 para sus actividades productivas.
En Tarija, organizaciones campesinas anunciaron para este jueves 20 de agosto una marcha y el inicio de una huelga de hambre. La protesta está dirigida contra el Gobierno por la crisis económica y el incremento del precio del combustible.
Los productores cañeros también exigieron que el decreto quede sin efecto. La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia pidió además establecer un precio justo para el etanol y cancelar la deuda pendiente por la compra del biocombustible.
Entre sus planteamientos incluyó la liberación de exportaciones para generar divisas y la aprobación de medidas que permitan importar vehículos Flex Fuel con tecnología brasileña.
LA OPOSICIÓN TAMBIÉN CUESTIONA EL NUEVO PRECIO
La senadora del PDC Ana María Crispín calificó la decisión como una “subida sorpresa” y cuestionó que el Gobierno haya aprobado el nuevo precio sin una socialización previa.
La legisladora advirtió que el incremento puede repercutir sobre el transporte, la logística y los precios de los productos.
Tomasa Yarhui, jefa de bancada de Libre, calificó el aumento como un “gran golpe a la producción boliviana” y cuestionó que el Gobierno no haya resuelto el problema del combustible después de nueve meses.
“En nueve meses no hay solución a este problema tan delicado y gravísimo”, afirmó.
Rafael López, también de Libre, cuestionó la gestión gubernamental frente a la crisis de hidrocarburos y sostuvo que cualquier incremento de los carburantes puede terminar afectando los ingresos de los hogares.
“Al incrementarse el combustible, ya sea el diésel o la gasolina, esto va a generar que se incremente la canasta familiar”, manifestó.
El exdiputado Wilman Cardozo, por su parte, cuestionó el desempeño de las autoridades mientras persisten dificultades económicas y problemas de abastecimiento.
Las críticas al DS 5676 convergen en tres puntos: el precio de Bs 18 para los grandes consumidores, la diferencia con la tarifa de Bs 9,80 y el posible traslado de los mayores costos hacia el transporte, la producción y los alimentos. Mientras los sectores afectados exigen cambios, las primeras movilizaciones ya comenzaron y el llamado “Dieselazo” se convirtió en una nueva fuente de presión sobre el Gobierno.