La diferencia entre los valores consignados, la declaración patrimonial rectificada y una denuncia penal mantienen al ministro bajo cuestionamientos, mientras insiste en atribuir todo a errores administrativos.

La controversia por la compra de un Audi Q4 e-tron del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, lejos de cerrarse con sus explicaciones, sumó cuestionamientos políticos, periodísticos y ciudadanos que ahora exigen conocer qué ocurrió con la operación.
TRES CIFRAS PARA UNA MISMA COMPRA
El punto que originó la polémica es la diferencia entre los montos vinculados al vehículo. En la documentación difundida públicamente aparece un valor de Bs 50.000, mientras Espinoza sostiene que el automóvil le costó Bs 350.000. También surgió una referencia de Bs 232.000 utilizada para fines tributarios municipales.
El ministro atribuyó la diferencia principal a un error durante el trámite notarial y aseguró que cuenta con documentación para demostrar el monto que realmente pagó. Su versión incluye la venta de un vehículo anterior y un crédito privado para completar la adquisición.
Sin embargo, la explicación no consiguió detener las preguntas sobre quién consignó los Bs 50.000, por qué ese monto quedó registrado y cuál fue el respaldo utilizado para establecer los otros valores.
LA DECLARACIÓN JURADA ABRIÓ OTRO FRENTE
A la controversia sobre el precio se sumó la observación de que el Audi no figuraba inicialmente en la declaración jurada de bienes y rentas del ministro.
Espinoza posteriormente rectificó esa información e incorporó el vehículo y la obligación financiera relacionada con su compra. La corrección, sin embargo, no eliminó las interrogantes sobre el motivo por el que el motorizado no fue incluido inicialmente.
El caso adquirió una dimensión penal cuando el vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Espinoza por presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición y declaración del vehículo. La denuncia plantea que varias instituciones proporcionen información para esclarecer la operación.
LA RESPUESTA DE ESPINOZA
Espinoza mantiene que no cometió evasión tributaria y que, si existió un error documental, corresponde corregirlo. También sostuvo que está dispuesto a presentar los documentos que respaldan la compra.
La reacción política no se limitó a Lara. Legisladores también reclamaron explicaciones y pidieron que las instituciones competentes revisen la documentación.
El caso ocurre mientras el ministro encabeza la política económica del Gobierno y enfrenta críticas por decisiones que afectan directamente a los hogares bolivianos. Por eso, la imagen de una autoridad que adquirió un vehículo de alta gama provocó cuestionamientos ciudadanos, aunque se trate de un automóvil eléctrico.
La polémica, además, colocó bajo escrutinio la actuación de Espinoza frente a las denuncias: mientras sus críticos exigen explicaciones sobre cada diferencia documental, el ministro insiste en que se trata de errores corregibles y continúa ejerciendo sus funciones. La investigación fiscal deberá determinar si esas inconsistencias corresponden a fallas administrativas o si existen responsabilidades adicionales.