El equipo jurídico del exmandatario difundió un comunicado en el que objeta el rechazo de la prescripción y denuncia que se incorporaron recursos de múltiples proyectos para sostener la causa.
El equipo legal de Luis Arce salió públicamente a explicar los argumentos con los que cuestiona la decisión judicial que rechazó la prescripción del proceso y mantiene vigente la causa contra el expresidente. En un comunicado difundido el 24 de julio, sus abogados sostienen que la resolución utilizó una cifra de Bs 327.910.243 que, según su versión, no corresponde al proyecto específico investigado, sino al conjunto de transferencias efectuadas por el exFondioc durante 2010 y 2011.
La carta fue dirigida a la opinión pública nacional e internacional y plantea que esa forma de establecer el supuesto daño económico modificó la dimensión del proceso. La defensa sostiene que el monto global fue utilizado para sostener la imprescriptibilidad de la causa y cuestiona que recursos correspondientes a numerosos proyectos sean atribuidos dentro de un mismo cálculo.
Los abogados informaron que presentaron una apelación incidental contra la decisión judicial y anunciaron que continuarán con las acciones legales correspondientes.
EL HECHO QUE ORIGINA LA CAUSA
Según el comunicado, la investigación contra Arce está relacionada con su participación en una reunión del Directorio del exFondioc celebrada el 23 de noviembre de 2009.
La defensa sostiene que ese hecho ocurrió hace más de 16 años y que el plazo de prescripción que considera aplicable es de ocho años. Por ello, afirma que la acción penal ya habría superado el límite establecido por el Código de Procedimiento Penal.
El problema, de acuerdo con los abogados, surge con la aplicación de las normas sobre delitos considerados imprescriptibles cuando existe un grave daño económico al Estado.
La defensa rechaza que esa condición pueda aplicarse al caso y señala que el proyecto directamente relacionado con la investigación tuvo un desembolso de Bs 669.876,46.
Se trata del denominado “Proyecto Tomates”, que los abogados identifican como el único proyecto respaldado por la auditoría operativa utilizada para fundamentar la imputación.
EL ORIGEN DE LOS BS 327,9 MILLONES
La carta sostiene que los Bs 327.910.243 incorporados en la imputación fiscal no representan el monto ejecutado en ese proyecto. Según el documento, corresponden a la suma de todas las transferencias realizadas por el exFondioc a ocho organizaciones sociales durante dos gestiones.
El detalle presentado por la defensa establece que la CSUTCB recibió Bs 102.085.870; los interculturales, Bs 90.621.882; las Bartolinas, Bs 53.936.926; CONAMAQ, Bs 49.939.428; CIDOB, Bs 18.985.246; APG, Bs 2.221.184; CPEM-B, Bs 5.971.471, y CPESC, Bs 4.148.236.
Para los abogados, la utilización de ese total como referencia del daño económico supone incorporar en la causa recursos de proyectos distintos al que dio origen a la investigación.
La defensa califica esa operación como una “inflación artificial” del daño económico y afirma que con ello se busca evitar que opere la prescripción.
CUESTIONAMIENTO A LOS PROCESOS PARALELOS
El equipo jurídico también plantea una observación sobre la existencia de procesos separados por proyectos que, según afirma, ya están incluidos en la cifra general.
Entre los casos mencionados figura el “Proyecto Miel”, cuyo desembolso fue identificado por la defensa en Bs 687.508. Los abogados aseguran que ese monto ya forma parte de los Bs 53.936.926 atribuidos a las Bartolinas dentro del cálculo de Bs 327,9 millones.
A partir de esa situación, sostienen que existe una posible vulneración del principio de non bis in idem, establecido en el artículo 117.II de la Constitución Política del Estado.
La defensa considera que la fragmentación de los procesos puede terminar llevando un mismo hecho a diferentes causas penales. También cuestiona que todos los recursos transferidos por el exFondioc sean considerados provisionalmente como daño económico sin distinguir entre proyectos y resultados individuales.
El comunicado anuncia que los abogados continuarán con las impugnaciones dentro del país y que, si corresponde, recurrirán a instancias internacionales de protección de derechos humanos.
