La frustrada salida de 200 kilos de oro desde Viru Viru pone bajo investigación el origen del cargamento, la documentación utilizada y la actuación de los controles.
El decomiso de 200 kilogramos de oro que pretendían ser enviados en un vuelo chárter desde el aeropuerto internacional de Viru Viru hacia São Paulo, Brasil, abrió una investigación que va más allá de la captura de una persona. La cantidad incautada, valuada en aproximadamente 25 millones de dólares, plantea la necesidad de establecer quiénes planificaron, financiaron y respaldaron una operación de semejante dimensión.
La intervención ocurrió durante la madrugada de este miércoles, luego de que personal de NAABOL solicitara apoyo policial en el área de inspección de Rayos X. La alerta surgió cuando cuatro maletas, con apariencia de cajas de herramientas y debidamente selladas, fueron sometidas a control antes de ser embarcadas en el vuelo internacional.
Al revisar el contenido de los equipajes, los efectivos verificaron que transportaban oro. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el cargamento estaba bajo custodia de Adrián Lema Roca, quien fue aprehendido en el lugar. También estaban presentes Lucas Manuel Muñoz, identificado como funcionario de la Aduana; un técnico en procesamiento del contrabando y Luis Enrique Rivero Sotelo, gerente comercial de la aeronave contratada para el traslado.
Uno de los aspectos que concentra la atención de la investigación es la documentación presentada para autorizar la salida del mineral. Según el informe inicial, los responsables exhibieron certificados presuntamente emitidos por la Aduana Nacional. Sin embargo, las verificaciones posteriores detectaron inconsistencias que obligaron a consultar la información con el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
La revisión permitió establecer que el código QR contenido en la documentación era falso, situación que llevó a detener el embarque del cargamento. Ese hallazgo también abrió otra línea investigativa destinada a determinar por qué esos documentos no fueron observados durante las etapas previas de control y quiénes validaron su utilización.
Tras confirmarse las irregularidades, la Policía procedió al secuestro de las cuatro maletas y de los 200 kilogramos de oro, mientras el principal portador del cargamento quedó en calidad de aprehendido. Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial que establezca responsabilidades sobre el resto de las personas involucradas ni sobre el origen del metal precioso.
La cantidad de oro interceptada hace difícil considerar el caso como una acción individual. Una operación valuada en 25 millones de dólares requiere recursos económicos, logística especializada, mecanismos de transporte, documentación y coordinación para su recepción fuera del país. Esos elementos forman parte de las diligencias que ahora desarrollan los investigadores.
Entre las principales interrogantes figura la identificación del verdadero propietario del oro, la empresa, cooperativa o comercializadora de la que habría salido el mineral, la persona o entidad que financió la operación y el destinatario final del cargamento en Brasil. Asimismo, deberá establecerse si existieron servidores públicos que facilitaron el procedimiento o si las irregularidades obedecieron exclusivamente a fallas en los mecanismos de control.
Las pesquisas también deberán determinar el recorrido que siguió el cargamento antes de llegar a Viru Viru y cómo logró avanzar dentro del aeropuerto utilizando documentación posteriormente observada como falsa. El avance de la investigación será determinante para establecer si se trató de un hecho aislado o de una organización dedicada al tráfico ilegal de oro que operaba utilizando mecanismos destinados a evadir los controles estatales.
CASO DEL ORO APUNTA A UNA ESTRUCTURA AÚN NO IDENTIFICADA
