Nelson Rivera, exagente de la Aduana en Arica, sostiene que recibió presiones para facilitar contrabando; la institución rechaza el informe y afirma que no existe respaldo administrativo del documento.

La controversia en torno a la Aduana Nacional volvió a intensificarse tras la reaparición pública del exencargado de la Agencia Exterior en Arica, Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, quien ratificó sus denuncias sobre presuntas presiones internas para permitir el ingreso de mercadería irregular. El caso, que ya fue objeto de respuesta institucional, se mantiene bajo versiones contrapuestas entre el exfuncionario y la entidad estatal.
Rivera sostiene que durante su gestión recibió llamadas y solicitudes desde niveles superiores para coordinar el paso de cargamentos vinculados a contrabando. Afirma además que, tras negarse a esas instrucciones, fue apartado de funciones y posteriormente desvinculado de la institución.
La Aduana Nacional, por su parte, niega la existencia de irregularidades y sostiene que el documento difundido no cumple con requisitos administrativos. Además, anunció acciones legales por presunta falsedad documental y uso indebido de sistemas informáticos institucionales.
DENUNCIA CENTRADA EN PRESUNTAS INSTRUCCIONES INTERNAS
El informe atribuido a Rivera describe una serie de situaciones ocurridas en la oficina aduanera de Arica, donde según su versión existían fallas operativas, falta de coordinación entre dependencias y ausencia de respuesta a reportes internos.
El exfuncionario afirma que estas condiciones habrían coincidido con presiones para facilitar el ingreso de mercancía no declarada. Según su relato, las llamadas provenían de instancias vinculadas a la administración regional y unidades operativas.
En sus declaraciones públicas, Rivera insistió en que las instrucciones no eran aisladas, sino reiteradas en el tiempo. Asegura que los contactos tenían como finalidad coordinar el ingreso de cargamentos observados en controles fronterizos.
“Eran llamadas constantes para ver cuándo se iba a empezar a mover todo”, señaló en una entrevista televisiva.
El exagente también indicó que se habría intentado asignarle un rol central dentro de esas operaciones, lo que implicaría una participación directa en la coordinación del ingreso de mercancías desde el punto fronterizo.
“Querían que yo sea el encargado de la coordinación del ingreso”, afirmó.
VERSIONES SOBRE DOCUMENTO Y FECHAS OBSERVADAS
Uno de los puntos centrales del conflicto gira en torno al documento presentado por Rivera. La Aduana Nacional sostiene que el informe no fue ingresado por canales oficiales y que no existe registro de recepción en las instancias correspondientes.
La institución señaló además que el documento no cuenta con sellos administrativos y que, según sus sistemas internos, fue generado después de la desvinculación del exfuncionario. Esta observación ha sido utilizada por la entidad para cuestionar la validez del informe.
Rivera, sin embargo, mantiene que el documento fue elaborado durante su gestión y que contiene información respaldada por registros y comunicaciones internas.
La diferencia en las fechas y la ausencia de registro formal han sido uno de los puntos más discutidos dentro del caso, que ahora se encuentra en evaluación jurídica tras el anuncio de acciones legales por parte de la Aduana.
DECLARACIONES DEL EXFUNCIONARIO SOBRE OTROS CASOS
En sus recientes intervenciones, Rivera amplió el alcance de sus denuncias al mencionar otros posibles hechos irregulares vinculados a sectores sensibles como combustibles y madera.
Sin presentar detalles operativos, el exfuncionario afirmó que existen antecedentes que deberían ser revisados por las autoridades competentes.
“Está el tema de YPFB y la gasolina, está el tema de las maderas”, señaló.
Asimismo, indicó que en uno de los casos reportados recibió instrucciones para no continuar con la verificación del hecho. Según su versión, un superior le habría pedido dejar de lado la investigación interna.
“Nosotros no nos vamos a meter en eso”, recordó como parte de la respuesta que habría recibido.
Rivera sostiene que estos episodios forman parte de un conjunto más amplio de situaciones que, según él, deben ser investigadas de manera independiente.
RELATO DE PRESUNTAS AMENAZAS
El exfuncionario también declaró haber recibido advertencias tras la difusión de su denuncia. Según su testimonio, estas comunicaciones incluyeron referencias a su entorno familiar y a posibles consecuencias personales.
“Que tenga cuidado porque tengo seres queridos”, afirmó.
Rivera señaló que estas situaciones generaron preocupación en su entorno, aunque reiteró su decisión de mantener sus declaraciones públicas y sostener lo denunciado.
El exagente insiste en que cuenta con elementos que respaldan su versión y que está dispuesto a presentarlos ante las instancias que correspondan.
RESPUESTA DE LA ADUANA NACIONAL Y ACCIONES LEGALES
La Aduana Nacional rechazó las acusaciones y sostuvo que el informe no tiene validez administrativa ni respaldo institucional. Según la entidad, el documento no fue presentado por los canales oficiales establecidos para reportes internos.
La institución también indicó que el exfuncionario fue desvinculado de sus funciones en junio de 2026 y que no existe relación entre su salida y la elaboración de un informe formal dentro del sistema institucional.
En su respuesta pública, la Aduana anunció el inicio de acciones legales por presunta falsedad documental y manipulación de sistemas informáticos. Asimismo, reiteró que no reconoce el contenido del informe como parte de sus registros oficiales.
REACCIONES Y PEDIDOS DE INVESTIGACIÓN
El caso también generó pronunciamientos externos. El coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Limberg Olivera, cuestionó la destitución del exfuncionario y planteó la necesidad de revisar el tratamiento de denuncias internas dentro de la institución.
Olivera sostuvo que las acusaciones deben ser verificadas antes de adoptar decisiones administrativas contra quienes las presentan. En su criterio, corresponde que las autoridades competentes evalúen si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
“Este funcionario denunció que lo llamaban para permitir el paso de un cargamento”, expresó.