La justicia amenaza con paralizar actividades por falta de recursos, el Ejecutivo pide evitar medidas de presión y Vicepresidencia abre una vía de negociación.
Las autoridades judiciales aseguran que la crisis financiera afecta el funcionamiento de los tribunales, mientras el Gobierno plantea una salida mediante coordinación institucional.
La administración de justicia en Bolivia ingresó en una etapa de tensión luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara la posibilidad de iniciar un paro escalonado debido a la falta de recursos económicos para garantizar el funcionamiento del sistema. La advertencia generó una reacción inmediata del Gobierno, que cuestionó la medida y pidió resolver la situación mediante diálogo.
La determinación fue asumida en una reunión de emergencia realizada en Sucre, donde participaron representantes de las principales instituciones judiciales del país. En el encuentro estuvieron presentes autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Los representantes judiciales señalaron que el presupuesto asignado al sector no responde a las necesidades actuales y que la falta de financiamiento está afectando desde las actividades administrativas hasta los proyectos destinados a mejorar la atención a la población.
La primera medida anunciada contempla una suspensión de actividades por 24 horas. Sin embargo, las autoridades judiciales advirtieron que, si no existe una respuesta del Ejecutivo y Legislativo, las acciones podrían ampliarse hasta llegar a una paralización indefinida.
ÓRGANO JUDICIAL RECLAMA ATENCIÓN INMEDIATA
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, explicó que la decisión responde a una situación acumulada durante varios años y que la institución requiere una reunión urgente con el presidente Rodrigo Paz para plantear sus demandas.
Según Saucedo, el problema principal está relacionado con los recursos económicos disponibles, debido a que el presupuesto destinado al Órgano Judicial no alcanza para cubrir todas las necesidades operativas.
El presidente del TSJ afirmó que las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, pero necesitan condiciones mínimas para cumplir esa función.
La advertencia incluye una escala progresiva de medidas. Después del paro inicial de 24 horas podrían aplicarse jornadas de 48 y 72 horas, hasta una suspensión total de actividades si no se logra una respuesta.
“Si no somos atendidos iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y, si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, expresó Saucedo.
El magistrado Carlos Ortega también describió las dificultades que atraviesa la institución y afirmó que existen limitaciones incluso para adquirir materiales básicos necesarios para el trabajo cotidiano.
“No tenemos ni para comprar tóner y papel”, declaró Ortega, al insistir en que la situación requiere una atención urgente de las autoridades nacionales.
Desde el Órgano Judicial sostienen que no buscan afectar a la ciudadanía, sino conseguir una respuesta que permita mejorar las condiciones de funcionamiento de los tribunales.
GOBIERNO CUESTIONA EL PARO COMO SALIDA
La advertencia judicial provocó una respuesta del Ejecutivo. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que una suspensión del servicio de justicia sería perjudicial para la población y calificó el anuncio como una decisión que no corresponde a la importancia de la función judicial.
Gálvez sostuvo que el país atraviesa dificultades económicas y que el Estado debe administrar los recursos con responsabilidad.
El portavoz señaló que existe disposición para escuchar las demandas del Órgano Judicial, pero rechazó que una paralización sea utilizada como mecanismo para presionar al Gobierno.
Explicó que los problemas de la justicia requieren soluciones más amplias y que la discusión no debería limitarse solamente al incremento presupuestario.
Para el Ejecutivo, además de revisar los recursos disponibles, se deben analizar cambios que permitan mejorar el funcionamiento interno del sistema judicial y garantizar un mejor servicio.
Gálvez también afirmó que la independencia de poderes debe mantenerse, pero que todas las instituciones tienen la obligación de actuar considerando el impacto de sus decisiones sobre la sociedad.
VICEPRESIDENCIA INTENTA ACERCAR POSICIONES
Frente al enfrentamiento entre autoridades judiciales y el Gobierno, la Vicepresidencia convocó a una reunión interinstitucional con el objetivo de encontrar una salida antes de que se ejecuten las medidas anunciadas.
El vicepresidente Edmand Lara Montaño, como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, llamó a participar a representantes de los órganos judicial y legislativo.
La reunión contará con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, además de los presidentes del Senado y Diputados y representantes de las bancadas políticas.
El encuentro tiene como finalidad revisar proyectos presentados por el Órgano Judicial relacionados con la modernización tecnológica, la independencia financiera y la renovación de autoridades judiciales.
La Vicepresidencia sostuvo que la administración de justicia cumple una función esencial dentro del Estado y que se necesita una respuesta institucional para evitar que los problemas internos terminen afectando a la población.
El llamado busca abrir un espacio de negociación entre las instituciones involucradas y definir mecanismos que permitan atender las demandas económicas sin llegar a una paralización nacional.
La disputa por los recursos del sistema judicial queda ahora en manos de una mesa de diálogo donde deberán encontrarse puntos de acuerdo. El TSJ exige soluciones inmediatas para garantizar su funcionamiento, mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier medida debe considerar la situación económica del país y la necesidad de preservar la atención judicial.
CRISIS PRESUPUESTARIA ENFRENTA AL TSJ Y GOBIERNO ACTIVA DIÁLOGO ANTE AMENAZA DE PARO
