La dirigencia obrera aceptó una convocatoria oficial para dialogar, pero sostiene que las respuestas del Ejecutivo definirán el rumbo de las movilizaciones nacionales.
La tensión social acumulada durante más de un mes llevó al Gobierno y a la Central Obrera Boliviana (COB) a abrir una etapa de conversaciones, mientras las organizaciones movilizadas mantienen sus reclamos por la situación económica, los combustibles y las decisiones adoptadas desde el poder Ejecutivo.
El vocero presidencial José Luis Gálvez anunció que la reunión con la dirigencia sindical se realizará este miércoles a las 09:00 en la Casa Grande, luego de recibir una propuesta formal enviada por la COB con condiciones para iniciar un acercamiento.
La autoridad destacó la participación del secretario ejecutivo de la organización obrera, Mario Argollo, y afirmó que la mesa de negociación permitirá revisar los pedidos planteados por los sectores sociales.
“Bienvenido, señor Argollo, y la Central Obrera al ejercicio pleno de la democracia, porque es el diálogo el que nos permite resolver los problemas”, manifestó Gálvez al confirmar la convocatoria.
El Gobierno señaló que uno de los temas principales es restablecer el abastecimiento en las ciudades, donde los bloqueos generaron dificultades para el traslado de productos básicos y suministros médicos.
Gálvez pidió a los dirigentes sindicales tomar medidas para garantizar la llegada de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible a la población. “Le pedimos que de manera inmediata se pacifique el país y se creen las condiciones para que podamos tener alimento, medicamento, oxígeno y combustible en las ciudades”, expresó.
Desde la COB, Argollo afirmó que la movilización continuará mientras no exista una respuesta clara a las demandas presentadas. Explicó que los reclamos surgieron por compromisos que, según la organización, no fueron cumplidos por el Gobierno y por problemas que golpean directamente a trabajadores y sectores productivos.
El dirigente rechazó las acusaciones de que las protestas respondan a intereses políticos y aseguró que las organizaciones participaron por decisión propia. “No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país”, declaró al referirse a cuestionamientos sobre supuestos respaldos partidarios.
Argollo también sostuvo que los recursos para sostener las movilizaciones provienen de aportes internos de las organizaciones participantes y denunció procesos judiciales contra dirigentes sociales.
El documento entregado al Ejecutivo fue firmado por la COB, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Bartolina Sisa, transportistas, juntas vecinales y sectores de distintas regiones del país.
Entre los pedidos está la conformación de una comisión para revisar la calidad del combustible importado y establecer responsabilidades si se comprueba que existen irregularidades en su distribución.
También solicitan medidas económicas temporales para aliviar la presión sobre transportistas, gremiales, artesanos, productores y emprendedores afectados por la crisis.
Las organizaciones plantean además dejar sin efecto decretos que consideran perjudiciales para sectores sociales, empresas públicas y recursos naturales. A esto se suma la solicitud de una amnistía presidencial para dirigentes procesados durante las movilizaciones.
Otro pedido está relacionado con la Ley N°1740 sobre estados de excepción, cuya eliminación es exigida por los sectores movilizados por considerar que afecta garantías ciudadanas.
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