Las intervenciones policiales y militares en La Paz, El Alto y Cochabamba profundizaron el conflicto social, mientras sectores movilizados denunciaron represión, detenciones arbitrarias y el cierre de canales reales de diálogo.
La crisis política y social en Bolivia ingresó en una etapa de mayor confrontación, luego de los operativos policiales y militares ejecutados en La Paz, El Alto y distintas rutas estratégicas del país.
Las intervenciones ordenadas por el Gobierno de Rodrigo Paz no lograron desactivar las movilizaciones y, por el contrario, provocaron una reacción inmediata de organizaciones sociales, comunarios y sectores movilizados que reforzaron bloqueos y endurecieron sus posiciones.
Desde tempranas horas de la madrugada del pasado sábado, contingentes policiales y militares avanzaron sobre puntos de bloqueo instalados en las rutas hacia Oruro, Copacabana y Río Abajo. Uno de los principales focos de tensión se concentró en Río Seco, en El Alto, donde el denominado operativo “Corredor Humanitario” terminó sin alcanzar el objetivo oficial de liberar completamente el tránsito vehicular.
Tras el repliegue parcial de los uniformados, vecinos y comunarios volvieron a ocupar los sectores intervenidos y reinstalaron barricadas. Las imágenes difundidas desde la zona mostraron enfrentamientos, gasificaciones y persecuciones en medio de una población que rechazó la presencia militar.
En ese escenario reapareció públicamente Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), quien difundió un mensaje dirigido a la población paceña y alteña. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido”, afirmó en un video compartido en redes sociales.
El dirigente denunció que enfrenta acciones judiciales y demandas penales por respaldar las movilizaciones y sostuvo que la protesta no responde únicamente a intereses sectoriales, sino al rechazo de amplios sectores sociales frente a las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
“No es para un sector, es para un sector grande de la sociedad que en su momento va a ser perjudicado con las medidas que hoy el Gobierno central está queriendo imponer”, manifestó.
Mientras las movilizaciones crecían en El Alto, comunarios de la provincia Camacho decidieron reforzar los bloqueos luego de la intervención conjunta de policías y militares. En Caracollo, otro de los puntos críticos del conflicto, grupos movilizados hicieron retroceder a efectivos del orden y retomaron el control de la carretera. Allí, el pedido más repetido entre los manifestantes fue la renuncia del presidente Rodrigo Paz y el rechazo a cualquier convocatoria al diálogo.
La escalada también generó preocupación dentro de instituciones del propio Estado. La Vicepresidencia emitió un comunicado en el que expresó su inquietud por los hechos registrados durante los operativos de desbloqueo y observó el uso “indiscriminado” de agentes químicos contra la población civil.
El pronunciamiento advirtió que ninguna acción de seguridad puede ejecutarse al margen de la Constitución ni de los estándares internacionales de derechos humanos. Además, pidió responsabilidad a policías y militares y exhortó al Gobierno a abrir espacios de concertación con los sectores movilizados.
“Bolivia necesita serenidad, responsabilidad y voluntad política”, señaló el comunicado oficial, que también pidió el seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la situación boliviana.
Las denuncias sobre vulneraciones a derechos fundamentales crecieron durante toda la jornada del sábado pasado. La Defensoría del Pueblo confirmó que al menos 57 personas fueron aprehendidas, arrestadas o detenidas en diferentes operativos realizados en La Paz y El Alto.
Entre los afectados figuran adultos mayores, comunarios y vecinos que participaron en las protestas. La institución también informó sobre un herido identificado como G.H.L., de 30 años, diagnosticado con trauma ocular y trauma facial leve tras los enfrentamientos registrados durante las intervenciones.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió frenar la confrontación y alertó sobre el riesgo de una mayor espiral de violencia. Paralelamente, equipos defensoriales denunciaron agresiones contra periodistas que cubrían los hechos, incluyendo intentos de aprehensión, persecuciones y expulsiones de zonas conflictivas.
La Defensoría verificó además la situación de los detenidos trasladados a dependencias policiales de la FELCC en El Alto y La Paz. Entre los arrestados había personas de más de 70 años, varios de ellos liberados posteriormente tras gestiones defensoriales.
En Cochabamba, el conflicto adquirió otro nivel de tensión con la toma pacífica del aeropuerto de Chimoré por parte de cocaleros y dirigentes del trópico. La movilización buscó impedir una posible aprehensión del expresidente Evo Morales, quien permanece en el Chapare desde 2024.
“Vamos a defender a Evo Morales”, declaró uno de los representantes de las federaciones cocaleras, mientras cientos de personas se movilizaban en inmediaciones de instalaciones militares y aeroportuarias.
Teófilo Sánchez, exdirigente intercultural de Chimoré, aseguró que la toma del aeropuerto se realizó sin daños a la infraestructura y responsabilizó al Gobierno de provocar una escalada innecesaria en el país.
“Si acaso intenta detener a Evo Morales, el pueblo va a reaccionar. La gente está cansada de esta corrupción”, afirmó.
Durante la madrugada, dirigentes y autoridades municipales del trópico también llegaron hasta la Novena División del Ejército, en Villa Tunari, para exigir explicaciones sobre una supuesta presencia de unidades especializadas destinadas a capturar al exmandatario.
Desde el Gobierno, el vocero presidencial José Luis Gálvez defendió los operativos y sostuvo que la prioridad fue garantizar el traslado de oxígeno, alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades afectadas por los bloqueos.
La autoridad aseguró que policías y militares actuaron sin armas letales y afirmó que las medidas de presión generaron consecuencias graves para la economía y la población. También señaló que algunos grupos buscarían “romper el orden democrático”.
Sin embargo, las imágenes de gasificaciones, enfrentamientos y detenciones difundidas durante toda la jornada alimentaron todavía más el malestar social en varias regiones del país. Lejos de desmovilizarse, sectores movilizados ratificaron bloqueos, vigilia y resistencia en distintos puntos estratégicos, mientras la presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz continúa creciendo