Las modificaciones introducidas por el Senado obligan a reiniciar el trámite en Diputados y prolongan la incertidumbre social mientras continúan marchas, bloqueos y cuestionamientos al manejo legislativo del conflicto.
La abrogación de la Ley 1720 volvió a quedar atrapada en el circuito parlamentario después de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto con modificaciones y devolviera el documento a Diputados, una decisión que extiende el tratamiento legislativo y aumenta el malestar de sectores movilizados que exigen una solución inmediata.
Lo que parecía encaminado hacia una aprobación definitiva terminó nuevamente en revisión parlamentaria. La inclusión de dos disposiciones transitorias por parte del Senado modificó el texto original aprobado en Diputados y abrió una nueva etapa de análisis legislativo, situación que retrasa la entrada en vigencia de la abrogación en medio de protestas que ya se expandieron a distintos puntos del país.
La sesión en la Cámara Alta se realizó con presencia de marchistas indígenas y campesinos provenientes de Pando y Beni, quienes permanecieron atentos al desarrollo del tratamiento legislativo. Las organizaciones esperaban que la Asamblea cerrara el conflicto con una aprobación sin cambios, pero el resultado terminó generando mayor incertidumbre.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó oficialmente que el proyecto debía volver a Diputados para revisar las modificaciones incorporadas en la Cámara Alta. “Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara”, manifestó durante la sesión antes de declarar cuarto intermedio.
La determinación fue observada por legisladores y sectores sociales que consideran que la Asamblea Legislativa continúa postergando una decisión demandada desde hace semanas por organizaciones movilizadas. La devolución del proyecto implica nuevos tiempos de debate, revisión y votación antes de concretar la promulgación definitiva.
Las disposiciones añadidas establecen que Diputados y Senadores deberán acordar, en un plazo máximo de 60 días, un nuevo marco normativo para definir procedimientos técnicos, administrativos y legales relacionados con la pequeña propiedad agraria, manteniendo la exclusión de áreas protegidas.
Además, el texto aprobado señala que el futuro proceso de concertación deberá incorporar a entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas. Para varios sectores movilizados, estas incorporaciones no resuelven el conflicto inmediato y terminan ampliando el tratamiento político de la norma.
Durante el tratamiento legislativo, el senador Wilder Veliz cuestionó la devolución del proyecto y sostuvo que se estaba “jugando” con los marchistas que llegaron a la sede de gobierno exigiendo respuestas concretas.
Pese a las críticas, la ley fue aprobada por mayoría tanto en grande como en detalle. Sin embargo, la decisión del Senado volvió a instalar cuestionamientos sobre la capacidad de la Asamblea Legislativa para responder con rapidez frente a conflictos sociales que escalan día tras día.
La senadora Claudia Mallon afirmó que sectores “ultrarradicales” distorsionaron el contenido de la norma, mientras el senador Branko Marinkovic respaldó la abrogación y anunció la elaboración de una propuesta regionalizada.
Antes de la sesión, la Cámara Agropecuaria del Oriente expresó su aceptación a la abrogación como una salida orientada a reducir la tensión social.