Las protestas sociales se multiplican en carreteras y ciudades del país mientras trabajadores, campesinos y vecinos denuncian abandono estatal, crisis económica y falta de respuestas del presidente Rodrigo Paz.
La crisis que atraviesa Bolivia dejó de ser únicamente política. Hoy golpea directamente la vida diaria de miles de familias que enfrentan escasez, encarecimiento de alimentos, incertidumbre económica y una creciente sensación de abandono estatal. En ese escenario, las organizaciones sociales decidieron llevar su descontento a las calles y carreteras, ampliando una protesta nacional que pone contra las cuerdas al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Las movilizaciones comenzaron semanas atrás con reclamos salariales y demandas sectoriales, pero rápidamente crecieron hasta convertirse en una protesta masiva que reúne a trabajadores, campesinos, maestros, mineros, choferes y juntas vecinales. La principal exigencia ya no gira únicamente en torno a temas económicos: numerosos sectores comenzaron a pedir abiertamente la renuncia presidencial, acusando al Ejecutivo de haber perdido capacidad para gobernar el país.
La convocatoria al diálogo lanzada por Paz a través de redes sociales no logró reducir la tensión. Por el contrario, las medidas de presión continuaron creciendo en distintas regiones. “Quiero convocar y dialogar”, expresó el mandatario en un mensaje dirigido a dirigentes y bases movilizadas. Sin embargo, la respuesta desde las calles fue inmediata: las organizaciones sociales ratificaron bloqueos, marchas y paros indefinidos.
La Central Obrera Boliviana se convirtió en uno de los principales motores de las protestas. Después de denunciar incumplimientos del Gobierno frente a su pliego petitorio, la COB determinó radicalizar las medidas y ordenar bloqueos nacionales. A la organización obrera se sumaron sectores campesinos de La Paz, cooperativistas mineros y transportistas, ampliando el alcance del conflicto.
Las rutas que conectan La Paz con Oruro, Cochabamba, Desaguadero y el norte paceño permanecen parcialmente paralizadas. El impacto económico comenzó a sentirse con fuerza en mercados y centros de abastecimiento. En varias zonas de la sede de Gobierno, comerciantes denunciaron que los productos básicos llegan con retraso y a precios más elevados.
El malestar social tiene varias causas acumuladas. Una de las más sensibles es la discusión sobre la Ley 1720, cuestionada por organizaciones campesinas que consideran que la norma favorece intereses empresariales y pone en riesgo la pequeña propiedad. Aunque el Gobierno intentó avanzar en modificaciones desde la Asamblea Legislativa, la desconfianza de sectores rurales ya se encontraba instalada desde hace meses.
A eso se suma la crisis por el combustible. Transportistas y productores denuncian problemas en la distribución y reclaman por la calidad de los carburantes. El temor a un eventual incremento de precios después de la reducción parcial de subvenciones generó preocupación entre familias trabajadoras que ya enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos.
En medio del conflicto, el transporte pesado reportó que alrededor de 7.000 camiones permanecen detenidos en carreteras bloqueadas. Conductores denunciaron que sobreviven en condiciones precarias, sin acceso suficiente a alimentos, agua ni medicamentos. Muchos de ellos llevan varios días atrapados en puntos como Patacamaya, Konani, Panduro y Desaguadero.
La situación también se agravó en la ciudad de El Alto. Campesinos provenientes de provincias paceñas ingresaron a distintos barrios y protagonizaron movilizaciones para exigir mayor participación ciudadana en las protestas. Algunos comerciantes cerraron sus negocios por temor a enfrentamientos y disturbios, mientras vecinos expresaron preocupación por la creciente tensión social.
Posteriormente, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto decidió incorporarse a las movilizaciones nacionales. Sus dirigentes respaldaron el pedido de renuncia presidencial y anunciaron bloqueos de calles y carreteras. Además, advirtieron que podrían cercar la ciudad de La Paz si el Gobierno continúa sin atender las demandas populares.
El lunes y martes, miles de ciudadanos tuvieron que caminar durante horas debido al bloqueo de avenidas, autopistas y calles principales. La autopista La Paz-El Alto fue cerrada por maestros y cooperativistas mineros, quienes exigen respuestas concretas a sus reclamos laborales y económicos.
Los maestros urbanos y rurales también cuestionan la política educativa del Gobierno. Dirigentes del sector consideran que la propuesta del “50-50” debilita la educación pública y abre espacio a procesos de privatización. Las protestas del magisterio se fueron sumando a un escenario donde cada sector incorpora nuevas exigencias.
En el norte paceño, organizaciones sociales de Coroico bloquearon la carretera hacia Caranavi en rechazo a decretos gubernamentales y proyectos legislativos que consideran perjudiciales para la población. Los movilizados aseguraron que mantendrán las medidas mientras no exista una respuesta efectiva de las autoridades.
La crisis política tomó aún más temperatura con la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, impulsada por sectores vinculados al expresidente Evo Morales. La movilización busca llegar hasta la sede de Gobierno para exigir la salida de Paz y denunciar el deterioro económico y social del país.