Actores políticos de oficialismo y oposición cuestionan el nombramiento de Whodin Caracila por su perfil sindical, exigen idoneidad profesional y alertan sobre decisiones alejadas de criterios técnicos en salud pública.
La designación de Whodin Gabriel Caracila como presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) generó una rápida reacción en el ámbito político, donde coinciden observaciones sobre la falta de correspondencia entre su trayectoria y las responsabilidades del cargo.
El nuevo titular proviene del ámbito sindical minero, donde desempeñó funciones dirigenciales y participó en movilizaciones contra el decreto 5503, al que calificó como “maldito y lapidario”. Su llegada a la CNS se formalizó mediante decisión del Ministerio de Salud, en el marco de acuerdos con sectores laborales, conforme a la estructura tripartita que rige la institución.
El senador oficialista Wilder Veliz expresó una crítica directa a la medida. “Ojalá nuestro presidente recapacite y les dé un jalón de oreja a sus ministros para que realmente reconduzcan sus actos y designen a personas idóneas”, afirmó, marcando distancia respecto a la decisión asumida.
Desde la oposición, la diputada Julieta Jiménez enfatizó la necesidad de fortalecer criterios técnicos en la conducción del sistema sanitario. “Necesitamos meritocracia, los médicos tienen que estar ahí. No puede ser que un minero vea temas de salud”, sostuvo. A la par, anunció un proyecto normativo orientado a restringir este tipo de designaciones. “Señora ministra, usted se ha equivocado. El prebendalismo ya ha acabado”, declaró.
El diputado Mauricio Taboada coincidió en que la conducción de la CNS debería recaer en profesionales del área médica. “Un médico debería estar a cargo y a la cabeza. Sin embargo, confiamos y esperemos que haga bien su trabajo este presidente del directorio”, señaló.
Datos oficiales de la Contraloría establecen que Caracila figura en planillas de la CNS desde el 18 de marzo, con bienes declarados por Bs 175.000. La normativa vigente dispone que la designación se realice mediante Resolución Suprema, bajo representación del Estado, empleadores y trabajadores.