La organización matriz de los trabajadores formalizó un pliego con demandas laborales, judiciales y económicas, y anunció acciones progresivas si el Ejecutivo y la Asamblea no atienden cada punto.
La Central Obrera Boliviana oficializó su ingreso en estado de emergencia y notificó al presidente Rodrigo Paz una agenda de exigencias que, según su resolución interna, debe ser atendida sin demoras. El instructivo fue aprobado en ampliado nacional con delegados acreditados de los nueve departamentos y difundido de manera pública para conocimiento de sus bases.
La primera determinación es rechazar cualquier iniciativa destinada a modificar la Ley General del Trabajo. La dirigencia sostiene que no aceptará ajustes que reduzcan garantías laborales vigentes ni cambios vinculados a la Ley 157 sobre tierras que, en su criterio, puedan afectar derechos consolidados. El documento advierte que la estructura sindical activará movilizaciones escalonadas si se avanza en esas reformas.
En el plano legislativo, la COB exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional archivar de forma definitiva el proyecto denominado “antibloqueos”. La organización considera que esa propuesta limita el ejercicio de la protesta social. La resolución instruye a sus federaciones mantenerse en alerta ante cualquier intento de reactivar su tratamiento parlamentario.
El pronunciamiento también fija posición sobre la investigación de las 32 maletas que ingresaron sin control por el aeropuerto de Viru Viru. La central obrera demandó al Ministerio Público una actuación independiente, sin interferencias, y la ampliación de indagaciones sobre nuevos hechos relacionados con narcotráfico detectados en esa terminal aérea. Además, denunció acciones que interpreta como presión política contra sus dirigentes.
Otro punto incorporado es la situación generada por la comercialización de gasolina observada por usuarios. La COB pidió una solución inmediata, controles técnicos verificables sobre la calidad del combustible y la implementación de un mecanismo efectivo de compensación para propietarios de vehículos que acrediten daños.
Finalmente, la organización requirió al Ejecutivo un informe detallado sobre los créditos externos gestionados y el destino específico de esos recursos. También exhortó a la Asamblea a ejercer fiscalización plena y documentada sobre el endeudamiento público.