La norma transfiere presupuesto, concentra funciones en el Ministerio de la Presidencia y mantiene solo tareas legislativas en la Vicepresidencia. La autoridad electa afirma que seguirá con denuncias contra la administración de YPFB.

El Decreto Supremo 5552 modificó la estructura operativa de la Vicepresidencia y redefinió sus competencias internas. El documento oficial establece que únicamente las unidades vinculadas a gestión y asesoramiento legislativo conservarán funcionamiento independiente. El resto de áreas administrativas pasa a coordinación directa con el Ministerio de la Presidencia.
La disposición incluye la redistribución de recursos económicos hacia otras carteras del gabinete. Registros administrativos confirman que la reorganización implica ajustes presupuestarios y reubicación de personal bajo nueva dependencia jerárquica.
El vicepresidente Edmand Lara rechazó la medida y sostuvo que la reforma reduce la autonomía institucional del cargo que ejerce por mandato popular. Indicó que, tras la vigencia del decreto, su despacho queda bajo tuición del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, autoridad designada por el Ejecutivo.
En una declaración pública, Lara señaló que la modificación afecta la estructura histórica de la Vicepresidencia y advirtió que podrían producirse intervenciones similares en otras instancias del Estado, entre ellas la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el Órgano Judicial.
La autoridad vinculó la promulgación del decreto con la denuncia presentada contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly. Confirmó que mantendrá ese proceso y que continuará impulsando acciones relacionadas con presuntas irregularidades en la empresa estatal.