Autoridades reconocen controles fallidos en subsidiaria logística, confirman daños vehiculares verificados, mantienen despacho regular, anuncian investigaciones internas, retiro de tanques contaminados y ausencia de auditorías independientes mientras continúan reclamos ciudadanos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos difundió una tercera versión institucional sobre la distribución de combustible que causó daños en miles de vehículos. El eje vuelve a señalar a YPFB Logística como responsable directa del control de calidad, sin presentar hasta ahora un informe técnico público que desligue a la empresa del problema mientras el suministro sigue activo en todo el país.
La postura fue sostenida por autoridades del sector en declaraciones oficiales registradas por medios nacionales y comunicados institucionales. Allí se admitió que los procedimientos de verificación no cumplieron su función y permitieron que gasolina con deficiencias operativas llegara a los surtidores. La estatal sostuvo que la cadena de recepción, almacenamiento y despacho recae en su subsidiaria logística, foco de la investigación administrativa anunciada.
Desde el Ministerio de Hidrocarburos se confirmó que los controles debían identificar cualquier riesgo antes de la comercialización. Según la información oficial, el combustible importado cumplía parámetros de laboratorio, pero la infraestructura utilizada contenía residuos acumulados por años, los cuales degradaron el producto final. Esta afirmación se apoya en reportes técnicos internos que detectaron tanques contaminados, retirados posteriormente del sistema, según la versión gubernamental.
La crisis tuvo impacto directo en la vida cotidiana. En Santa Cruz y Beni, mecánicos reportaron un aumento inusual de reparaciones vinculadas al sistema de combustible. Conductores de transporte público, repartidores y pequeños productores relataron paralización de actividades y gastos que no pudieron cubrir. Asociaciones automotrices confirmaron que los daños observados coinciden con el tipo de fallas asociadas a gasolina de mala calidad, información que respalda los reclamos ciudadanos registrados ante estaciones de servicio.
YPFB reconoció que el problema no fue detectado de inmediato. Durante los primeros días, los casos se trataron como hechos aislados. La acumulación de denuncias obligó a ampliar las revisiones internas y a intervenir centros de almacenaje. Esta demora, aceptada por autoridades, amplificó el alcance del daño y expuso debilidades en la gestión operativa.
Otro punto admitido públicamente fue la estructura interna de la estatal. Con una plantilla cercana a cinco mil funcionarios, la empresa arrastra prácticas que no siempre priorizaron respuestas técnicas eficientes. Esta declaración, verificada en entrevistas oficiales, reforzó la sospecha de omisiones graves en la cadena logística. Desde el Ejecutivo se informó que no se descartan responsabilidades individuales, aunque no se comunicaron sanciones concretas.
Pese a la magnitud del episodio, la comercialización no se interrumpió. YPFB aseguró que el combustible disponible actualmente es seguro y que las medidas adoptadas corrigen el problema. Sin embargo, no se difundieron auditorías externas ni certificaciones independientes que respalden esa afirmación. La ausencia de estos documentos mantiene la desconfianza entre usuarios que ya asumieron pérdidas económicas.