El cambio del esquema de precios expuso fallas operativas, contradicciones oficiales y daños mecánicos comprobados, con reclamos documentados de conductores, talleres y estaciones en varias regiones del país boliviano actual.
A noventa días del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, la gasolina pasó de ser una política económica a un problema cotidiano. La eliminación de la subvención fue anunciada como una medida de orden fiscal, respaldada por reportes oficiales del Ministerio de Economía que mostraron una reducción del gasto estatal. La experiencia en la calle fue distinta: motores fallando, filas en talleres y conductores asumiendo costos que no estaban en sus planes.
Los primeros indicios aparecieron en los surtidores. Usuarios comenzaron a relatar pérdidas de potencia y apagados tras cargar combustible. En Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, los remolques se volvieron frecuentes. Talleres mecánicos independientes y redes de servicio automotriz registraron un incremento abrupto de ingresos por daños en inyectores, bombas y sistemas de combustión. Los diagnósticos técnicos coincidieron en un punto: combustible con impurezas o fuera de parámetros habituales.
Las respuestas institucionales no siguieron una línea única. YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos difundieron comunicados y declaraciones públicas negando problemas de calidad y descartando fallas en la mezcla con etanol. Esos pronunciamientos quedaron archivados en registros oficiales y conferencias transmitidas por medios estatales. Días después, el ministro de la Presidencia, Lupo, reconoció que la gasolina entregada al consumidor presentaba deficiencias. Esa admisión marcó un quiebre.
A partir de entonces, surgieron nuevas explicaciones desde el propio aparato estatal. Se habló de tanques de almacenamiento con residuos, de limpieza insuficiente en instalaciones de recepción, de errores en la mezcla durante la distribución y de combustible heredado de la gestión anterior. Ninguna de estas versiones fue acompañada por la publicación completa de informes de laboratorio, certificados de calidad o contratos de importación que permitan verificar precios, proveedores y controles aplicados.
El Presidente optó por denunciar un sabotaje interno en YPFB. La acusación fue presentada cuando los reclamos ya estaban extendidos y respaldados por hechos observables: vehículos varados, talleres saturados y facturas elevadas por reparaciones. Para los afectados, la explicación no alivió el impacto. Taxistas, repartidores y trabajadores que dependen del vehículo perdieron días de ingreso y asumieron gastos imprevistos.
TRES MESES DE GOBIERNO DE RODRIGO PAZ DEJAN GASOLINA CARA DAÑINA E INDIGNACIÓN DE LA POBLACIÓN
