De 69 países invitados a supervisar Gaza, solo diez aceptan; la mayoría plantea dudas sobre el alcance, legitimidad y fines estratégicos de la iniciativa estadounidense.

El Consejo de Paz fue presentado como un organismo para supervisar conflictos en Gaza y otras regiones, pero la respuesta de la comunidad internacional ha sido mínima. De los 69 países invitados, únicamente diez confirmaron su participación: Israel, Argentina, Egipto, Azerbaiyán, Kosovo, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Marruecos, Hungría y Canadá.

Varias naciones europeas declinaron la invitación. Francia advirtió que los estatutos exceden el marco de Gaza y podrían contradecir principios de la ONU. Alemania afirmó que existen mecanismos internacionales que ya cumplen funciones de resolución de conflictos. Reino Unido expresó preocupación por el financiamiento del consejo y la participación de Rusia, mientras Noruega subrayó la necesidad de respetar compromisos multilaterales. Ucrania también rechazó integrarse al considerar imposible compartir un consejo con Rusia y Bielorrusia.

Los estatutos señalan que el consejo buscará “promover estabilidad y garantizar gobernanza confiable en zonas afectadas por conflictos”, pero no definen límites de acción ni supervisión internacional. La vaguedad de sus facultades y la concentración de poder en EE. UU. y aliados estratégicos genera incertidumbre sobre su verdadera función.

Rusia aceptó participar y comprometió mil millones de dólares en activos congelados, reforzando las dudas sobre posibles intereses políticos y estratégicos detrás del consejo. La inclusión de Moscú y Bielorrusia aumenta la percepción de parcialidad y cuestiona la neutralidad del organismo.

Los diez países que confirmaron su adhesión lo hicieron de forma discreta, emitiendo comunicados breves o declaraciones formales sin detallar funciones operativas. La escasa participación internacional evidencia que el consejo arranca con legitimidad limitada y riesgo de intervencionismo unilateral.

Trump defendió la iniciativa, afirmando que permitirá al consejo “hacer prácticamente todo lo que queramos”, lo que generó preocupación sobre la falta de controles efectivos y el potencial de decisiones unilaterales.

Con un respaldo global inferior al 15 %, el Consejo de Paz comienza sus actividades con escasa credibilidad y riesgo de convertirse en un instrumento político, en lugar de un mecanismo de paz legítimo. La contradicción es evidente: un país con altos índices de violencia interna lidera una iniciativa internacional de paz con participación mínima y supervisión débil.