Marcelo Montenegro deberá declarar por decisiones administrativas que permitieron pérdidas millonarias en Emapa; investigaciones muestran plantas inoperativas y posibles daños económicos que comprometieron recursos públicos durante su gestión ministerial.
La Fiscalía anunció que convocará nuevamente a Marcelo Montenegro, exministro de Economía durante la gestión de Luis Arce, para que declare en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La diligencia tiene como objetivo esclarecer cómo se autorizaron proyectos estatales que habrían generado pérdidas millonarias y afectado recursos públicos.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que la citación forma parte de un proceso que busca examinar cada planta y proyecto de Emapa, tras identificar un patrón de inversiones que no lograron cumplir con los objetivos para los que fueron creadas. García señaló que la responsabilidad del exministro es central, dado que la autorización de fondos y la planificación de los proyectos dependían directamente de su ministerio.
“Estamos ante diligencias del Ministerio Público que requieren la presencia de Montenegro. Las operaciones de Emapa todavía deben ser investigadas a fondo”, indicó García. Las plantas que permanecen inoperativas, según la autoridad, representan un daño económico relevante y reflejan decisiones administrativas que no garantizan resultados eficientes.
El viceministro subrayó que la evaluación debe abarcar no solo la ejecución de los proyectos, sino también la fase de preinversión. “Una planta que fracasa no surge de la nada; hubo autorizaciones ministeriales que permitieron la asignación de recursos sin evaluaciones suficientes”, afirmó García. Montenegro, al haber ocupado su cargo durante toda la gestión de Arce, estuvo al tanto de cada desembolso y de la planificación de los proyectos deficitarios.
Además, la asignación de recursos para estas plantas comprometió las Reservas Internacionales Netas del país, administradas por el Banco Central de Bolivia, porque los fondos se destinaron a proyectos sin viabilidad comprobada. La autoridad indicó que estas decisiones pueden haber generado perjuicios económicos directos al Estado.