La decisión responde a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo y detiene trabajos en el pozo Domo Oso X-3 mientras se desarrollan inspecciones técnicas y audiencias públicas oficiales
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos resolvió admitir las medidas cautelares ambientales solicitadas por la Defensoría del Pueblo y ordenó la paralización temporal del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, correspondiente al bloque San Telmo Norte. La información fue confirmada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien explicó que la suspensión se mantendrá hasta que se cuente con mayores elementos técnicos y legales para asumir una decisión definitiva.
El pozo se encuentra ubicado en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, en una zona cercana a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, considerada una de las áreas más importantes por su riqueza natural y por ser fuente de agua para comunidades rurales del sur del país. La medida judicial busca prevenir posibles impactos ambientales mientras se revisan los antecedentes del proyecto.
Entre las determinaciones adoptadas, el juzgado fijó una audiencia de inspección técnica para el 9 de febrero de 2026. En esta actividad se realizará una verificación en el lugar del proyecto, donde se evaluará el avance de las obras, el cumplimiento de las normas ambientales y los procedimientos administrativos seguidos por la empresa operadora.
Asimismo, se convocó a una audiencia pública para el 13 de febrero de 2026. En este espacio podrán participar autoridades, representantes de la empresa, organizaciones sociales y pobladores de la región, quienes tendrán la oportunidad de expresar sus posiciones y presentar documentación relacionada con el caso. Estas instancias permitirán una evaluación integral antes de que la autoridad judicial emita un fallo final.
Callisaya informó también que el Juzgado Agroambiental dispuso la incorporación de Petrobras como sujeto procesal necesario dentro del proceso, además de ordenar la notificación a las autoridades demandadas y a terceros interesados. Con esta acción se busca garantizar el respeto al debido proceso y la participación de todos los actores involucrados.
De manera complementaria, la autoridad judicial solicitó a la Defensoría del Pueblo información sobre defensoras y defensores de derechos humanos vinculados a temas ambientales. Esta solicitud tiene el objetivo de considerar posibles medidas de protección para quienes realizan seguimiento y acompañamiento al conflicto.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa preventiva de los derechos humanos, el medio ambiente y el cumplimiento de la ley”, manifestó Callisaya tras conocer la resolución judicial.