La institución presentó medidas cautelares ante el juzgado para suspender perforaciones en San Telmo Norte; Hidrocarburos confirmó que las labores seguirán cumpliendo los procedimientos legales vigentes.
La controversia por el proyecto Domo Oso X-3, ubicado en el Bloque San Telmo Norte, escaló luego de que la Defensoría del Pueblo solicitara al Juzgado Agroambiental de Entre Ríos la suspensión temporal de los trabajos de perforación exploratoria. La medida busca proteger el área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ante posibles impactos ambientales no reversibles.
La Defensoría detalló que la acción se fundamenta en observaciones sobre el cumplimiento de normas ambientales, la realización de la consulta previa y los estándares internacionales que rigen la emisión de licencias ambientales. Además, la institución recordó su rol constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y el compromiso de Bolivia con el Acuerdo de Escazú, que protege la participación ciudadana y a los defensores ambientales. La entidad anunció un seguimiento constante tanto al proceso judicial que involucra a comunarios como a la situación ambiental y social en la zona.
El conflicto social en Tarija se mantiene elevado. Tras una audiencia pública sin consensos impulsada por la Brigada Parlamentaria del departamento, el Comité Cívico Departamental convocó a una Asamblea de Instituciones para abordar únicamente la situación de Tariquía y definir una comisión técnica y legal. El presidente del comité, Jesús Gira, explicó que esta instancia busca articular medidas institucionales frente al proyecto exploratorio.
En la audiencia, el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, sostuvo que el proyecto cumplió con todos los procedimientos administrativos requeridos, incluida la consulta previa, y que el pozo DMO X-3 se ubica a 1,5 kilómetros de la reserva. Por su parte, el senador tarijeño Rolando Vacaflor señaló que, aunque el pozo no esté dentro del área protegida, las actividades asociadas al traslado de maquinaria, desmonte y manejo de residuos podrían generar impactos indirectos en el río Saicán y las cuencas de los ríos Tarija y Bermejo. Vacaflor aseguró que existe un rechazo mayoritario de la población a la intervención petrolera en la zona.
El fin de semana, comunidades denunciaron el ingreso de maquinaria pesada de la empresa IST, subsidiaria de Petrobras, al municipio de Entre Ríos, lo que motivó vigilancia permanente y posibles movilizaciones. Asimismo, se cuestionó la demanda penal presentada contra comunarios, denunciada como un intento de criminalizar la defensa ambiental.
A pesar de la solicitud de la Defensoría, el Ministerio de Hidrocarburos ratificó que el proyecto continuará. El viceministro de Exploración y Explotación, Caleb Montes, destacó que la inversión asciende a 40 millones de dólares y que los ingresos proyectados podrían alcanzar 900 millones, además de las regalías destinadas a Tarija, reiterando que el pozo se encuentra fuera de la reserva.