Tras audiencia cautelar, la autoridad judicial ordenó su reclusión en San Pedro mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos vinculados a un proyecto carretero que habría generado millonario daño económico al Estado
El juez cautelar que conoció el caso determinó este domingo enviar con detención preventiva por cuatro meses al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. La decisión se asumió luego de una audiencia que se extendió por más de tres horas, en la que se evaluaron los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos que sustentan la imputación formal contra la exautoridad. Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado seis meses de detención preventiva, pero el juez resolvió fijar un plazo menor tras analizar los riesgos procesales y la documentación presentada. El abogado defensor, Edwin Lenis, confirmó a los medios que la resolución fue notificada al finalizar la sesión.
Montaño es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Estos cargos están relacionados con la ejecución del proyecto de la doble vía El Sillar, tramo estratégico de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Según la imputación fiscal, el presunto daño económico ocasionado al Estado superaría los 2,4 millones de dólares, cifra que está siendo verificada mediante informes técnicos y revisión de contratos.
El exministro fue aprehendido el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz, en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades competentes. Posteriormente, fue trasladado a La Paz para comparecer ante el juez cautelar. Tras su presentación, se dispuso su reclusión en el penal de San Pedro como medida destinada a garantizar su presencia en el proceso penal.
Desde el Ministerio Público se informó que la solicitud de detención preventiva se fundamentó en la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y la eventual obstaculización de la investigación. Los fiscales del caso señalaron que aún restan diligencias importantes, como la toma de declaraciones a funcionarios involucrados en el proyecto y la recopilación de documentación técnica sobre