Tras negociaciones en El Alto, el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana acordaron sustituir el DS 5503 por una nueva norma consensuada, mantener medidas económicas y levantar bloqueos con vigilancia

La presión ejercida por miles de trabajadores, vecinos y organizaciones sociales obligó al Gobierno a retroceder y aceptar la abrogación parcial del Decreto Supremo 5503. El acuerdo fue alcanzado la tarde del domingo en la ciudad de El Alto, luego de extensas conversaciones entre una comisión ministerial y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), según el acta oficial difundida por ambas partes.

El diálogo se desarrolló en un punto cercano al mercado Santa Rosa, donde se concentraron delegaciones sindicales provenientes de distintos sectores. Hasta ese lugar llegaron seis ministros de Estado, quienes sostuvieron reuniones directas con los dirigentes de la COB. El documento firmado establece que el decreto cuestionado será reemplazado por una nueva norma elaborada de manera conjunta.

De acuerdo con el acta pública del acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a conformar de inmediato una comisión técnica mixta. Este equipo estará integrado por representantes del Gobierno y delegados de los sectores movilizados, con el objetivo de redactar el nuevo decreto “por tiempo y materia”, garantizando la participación de distintos actores sociales involucrados en las protestas.

El acuerdo precisa que, aunque el DS 5503 será dejado sin efecto, la futura norma mantendrá únicamente cuatro aspectos considerados centrales por el Ejecutivo: la política relacionada con la subvención a los combustibles, la reprogramación de créditos con el sistema financiero, el fortalecimiento de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. En los hechos, se ratifica la continuidad del proceso de eliminación progresiva de la subvención a los carburantes.

Las autoridades gubernamentales se comprometieron a promulgar el nuevo decreto en un plazo máximo de 48 horas desde la firma del acuerdo. Este compromiso quedó registrado en el documento oficial y fue confirmado posteriormente por voceros del Ejecutivo en declaraciones públicas a distintos medios de comunicación.

Como parte del entendimiento, la Central Obrera Boliviana resolvió instruir el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión a nivel nacional. No obstante, la organización sindical declaró estado de emergencia hasta que el nuevo decreto sea oficialmente promulgado. Esta decisión fue comunicada por el dirigente nacional Mario Argollo, quien pidió a las bases retornar a sus regiones y suspender los bloqueos.

“Vamos a pedir que se levanten las medidas de presión en todo el país. No podemos ser intransigentes, nuestros compañeros están pasando dificultades en las carreteras”, afirmó Argollo durante una conferencia de prensa realizada en El Alto, declaraciones registradas por medios locales y difundidas por canales oficiales de la COB.

El dirigente sindical también informó que el movimiento obrero realizará un seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. “Después de la firma, vamos a hacer control. En este conflicto, el pueblo se apoyó entre sí y eso no se debe olvidar”, señaló, según registros audiovisuales difundidos por la propia organización.

Las movilizaciones que antecedieron al acuerdo se extendieron por varios departamentos del país. Se registraron bloqueos en rutas principales, marchas en centros urbanos y concentraciones frente a instituciones públicas. Sectores fabriles, mineros, gremiales y campesinos protagonizaron las protestas, exigiendo la modificación del decreto y denunciando el impacto de las medidas en el costo de vida, de acuerdo con comunicados emitidos por sus respectivas federaciones.

Desde el Gobierno, las autoridades reiteraron que la abrogación parcial del DS 5503 no dejará al Estado sin marco normativo. En declaraciones públicas, señalaron que el nuevo decreto garantizará la continuidad de los bonos sociales y mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables, además de mantener la estabilidad económica.