Defensoría del Pueblo, juristas y organizaciones sociales cuestionan denuncias promovidas desde asesorías de Petrobras y YPFB, advirtiendo criminalización de la protesta ambiental y presuntas irregularidades en procesos de consulta pública
La apertura de procesos penales contra 17 comunarios del cantón Chiquiacá, en Tarija, generó un amplio rechazo de sectores sociales, defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos. Las personas denunciadas enfrentan cargos por presunta asociación delictuosa, atribución de derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo, en el contexto de su oposición al ingreso de actividades hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La causa fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, provincia O’Connor, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, asesor legal de Petrobras Bolivia S.A., quien además actúa en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). De acuerdo con información proporcionada por la defensa, los 17 comunarios ya cumplieron con la declaración informativa ante el Ministerio Público, lo que marca el inicio formal de la etapa preliminar investigativa.
Ante esta situación, un grupo de abogados tarijeños decidió asumir de forma gratuita la defensa técnica de al menos seis de los procesados, considerando que la mayoría son adultos mayores y no cuentan con recursos económicos. El jurista Rodrigo Castillo explicó que el equipo legal se trasladó hasta Chiquiacá para conocer directamente la situación de las familias y recoger elementos que respalden su defensa.
Castillo cuestionó que se procese penalmente a personas que protegen un área considerada uno de los principales pulmones verdes del departamento. Asimismo, convocó a instituciones cívicas y organizaciones sociales a acompañar el proceso, señalando que la defensa de Tariquía se sostiene desde las propias comunidades.
La Defensoría del Pueblo también emitió un pronunciamiento. Su titular, Pedro Callisaya, señaló que el caso refleja un escenario preocupante de criminalización de defensores de derechos humanos en temas ambientales. Recordó que la institución realiza seguimiento a esta problemática desde anteriores gestiones y que incluso fue tratada en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Callisaya advirtió además sobre el ingreso de aproximadamente 40 efectivos policiales junto a personal de Petrobras, ocurrido el pasado 5 de enero, para instalar un campamento en la zona. Indicó que no se habría cumplido de manera adecuada el proceso de consulta pública ni la socialización del estudio de impacto ambiental, requisitos establecidos en la normativa nacional y en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional del que Bolivia es parte.