Maduro y su esposa Cilia Flores serán presentados ante juez estadounidense tras su secuestro en Caracas, mientras el Gobierno venezolano denuncia ataque militar y violación de soberanía nacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados este lunes al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su primera comparecencia ante la justicia estadounidense. La acción se produce tras su secuestro en Caracas el pasado sábado, un hecho que el Gobierno venezolano calificó como un secuestro violento y una violación de la soberanía del país.
La audiencia será dirigida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisará el cumplimiento de los procedimientos legales y la verificación de la identidad de los imputados. En este tipo de diligencias, los tribunales estadounidenses establecen formalmente los cargos, registran la presencia de los acusados y determinan las condiciones de su detención, asegurando el acceso a la defensa legal.
Maduro y Flores permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde estarán mientras se definen los pasos siguientes del proceso judicial. Este centro federal mantiene la seguridad de las personas acusadas mientras avanzan las audiencias y diligencias legales.
El Gobierno de Venezuela informó que la detención se produjo en el marco de un ataque militar estadounidense que incluyó bombardeos sobre Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Caracas calificó estas acciones como una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza la soberanía y la igualdad jurídica entre Estados, así como la prohibición del uso de la fuerza sin autorización internacional.
Las autoridades venezolanas aseguraron que no existen pruebas que involucren a Maduro o Flores con narcotráfico y denunciaron que la operación estadounidense persigue intereses estratégicos sobre los recursos petroleros del país. Declaraciones públicas de exfuncionarios estadounidenses respaldan que la intervención está vinculada a la intención de controlar la explotación de hidrocarburos venezolanos.