Mineros, magisterio y amas de casa continúan con ayunos indefinidos exigiendo la derogación del decreto que permite aprobación de inversiones sin control legislativo.
En la tercera semana de protestas, organizaciones sociales mantienen piquetes de huelga de hambre contra el Decreto Supremo 5503, que establece un nuevo esquema económico y regula inversiones estratégicas en Bolivia. Los ayunos indefinidos comenzaron como medida de presión ante la ausencia de respuesta concreta del Ejecutivo.
El Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) permanece con sus miembros en ayuno total, exigiendo la derogación inmediata del decreto. Según representantes de la organización, la medida busca defender derechos e intereses de las comunidades afectadas por las políticas establecidas en el documento.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), precisó que el DS 5503 modifica la supervisión legislativa sobre inversiones extranjeras en minería y litio, además de permitir que el Banco Central gestione recursos sin control parlamentario. Argollo enfatizó que la medida de huelga de hambre se implementa de manera pacífica y coordinada, con el objetivo de presionar al Gobierno para abrir un canal de diálogo efectivo.
El Magisterio Urbano se sumará a la protesta con piquetes propios en los próximos días, mientras que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), liderada por Andrés Paye, confirmó que la huelga continuará sin interrupciones, incluso durante feriados o condiciones climáticas adversas. Paye aseguró que la participación a nivel nacional se mantiene estable y organizada.
Este lunes, sectores transportistas se incorporaron a las movilizaciones en La Paz, marchando desde la zona sur hasta el centro de la ciudad, generando congestión en vías principales y evidenciando la coordinación entre distintos grupos sociales. La presencia de varios sectores fortalece la visibilidad de la protesta y la demanda de derogación del DS 5503.
En contraposición, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Gabriel Espinoza y Oscar Justiniano, se pronunciaron desde Santa Cruz, señalando que la huelga de hambre responde a intereses políticos y no a un rechazo técnico del decreto. Los funcionarios enfatizaron que la normativa es parte del modelo económico vigente y que las medidas de presión no consideran la visión integral del Gobierno.
El DS 5503 establece que las inversiones estratégicas se pueden aprobar mediante decreto ejecutivo, limitando la participación y control de la Asamblea Legislativa. Para los dirigentes sindicales y sociales, esta modificación reduce la transparencia y la supervisión sobre contratos y movimientos de recursos.