Sectores sindicales confirman movilización nacional convocada por la COB, cuestionan alcance del Decreto Supremo 5503, reclaman control legislativo y anticipan definiciones según resoluciones asumidas por jubilados, maestros, mineros y cocaleros.
La Central Obrera Boliviana (COB) concentrará este lunes en La Paz una movilización de alcance nacional con la participación anunciada de jubilados, maestros urbanos, cooperativistas mineros y cocaleros, en rechazo al Decreto Supremo 5503. La convocatoria responde a determinaciones asumidas en ampliados sectoriales y comunicadas públicamente por las dirigencias involucradas.
Desde la COB se informó que la marcha se desarrollará como una medida orgánica y coordinada, en el marco de una agenda común definida por las organizaciones afiliadas. Los sectores movilizados sostienen que el decreto contiene disposiciones que afectan recursos estratégicos del Estado y generan repercusiones económicas y sociales directas sobre la población.
El secretario general de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala, confirmó la presencia del sector en la jornada de protesta. Indicó que la participación fue resuelta por consenso interno y que cientos de afiliados se sumarán a la movilización pese a las limitaciones propias de la edad, en defensa de derechos sociales y económicos.
Maestros urbanos y cooperativistas mineros ratificaron su adhesión a la convocatoria, señalando que el Decreto Supremo 5503 debe ser revisado de manera integral. Ambos sectores coincidieron en exigir un pronunciamiento formal de la Asamblea Legislativa y el ejercicio pleno de su función fiscalizadora sobre la normativa cuestionada.
La presidenta de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Wilma Colque, confirmó que el sector cocalero resolvió sumarse oficialmente a las medidas de presión. Anunció además una reunión de dirigentes para este martes en Lauca Ñ, donde se evaluará el desarrollo de la movilización y se definirán nuevas acciones. La dirigente precisó que la observación al decreto no se limita al tema de los combustibles y remarcó que la norma contiene 121 artículos con impacto en el Estado y los recursos naturales.
En paralelo, autoridades campesinas originarias informaron que sus bases analizan la posibilidad de incorporarse a las medidas mediante bloqueos de carreteras y una huelga de hambre a nivel nacional, de acuerdo con las resoluciones que adopten sus organizaciones matrices.