El panorama de las empresas públicas en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la revelación de un informe gubernamental que expone quiebras técnicas, pérdidas millonarias y una baja tasa de recuperación de la inversión estatal. Las autoridades confirmaron que al menos cinco compañías estatales operan en una situación financiera insostenible y que su continuidad está siendo evaluada dentro de un proceso de auditorías integrales.
La información fue presentada por el director de la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, quien explicó que el análisis se realiza de manera individual para cada firma. Sin embargo, adelantó que existen casos en los que los indicadores financieros ya no permiten hablar de reestructuración, sino de cierre definitivo. Entre las empresas más comprometidas se encuentran la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) y la estatal tecnológica Quipus.
Durante la exposición del informe, acompañada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el viceministro Julio Linares, se detalló que estas compañías acumulan deudas elevadas, patrimonios negativos y una dependencia constante de recursos públicos. Las autoridades calificaron esta situación como un grave daño económico al Estado, debido a préstamos que no fueron honrados y a gestiones que evitaron, durante años, transparentar la real magnitud de las pérdidas.
Uno de los casos más sensibles es el de EASBA, que recibió más de 1.800 millones de bolivianos en créditos para impulsar la producción de azúcar en el norte paceño. Según datos oficiales, la empresa devolvió apenas una fracción mínima de ese monto y dejó de cumplir con el pago de capital e intereses. Camacho explicó que la compañía llegó a acumular más de una década de periodos de gracia, otorgados para evitar que el crédito fuera declarado en mora.
La situación de Quipus también genera cuestionamientos. De acuerdo con el informe, la empresa no logró consolidar un modelo productivo competitivo y terminó concentrando su actividad en la provisión de equipos dentro de programas estatales, sin alcanzar sostenibilidad financiera. Para las autoridades actuales, el intento de competir con grandes fabricantes internacionales se tradujo en costos elevados y resultados limitados.
El diagnóstico incluye además a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Yacana y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Esta última cerró la gestión 2024 con pérdidas cercanas a los 196 millones de bolivianos, mientras otros proyectos industriales registraron resultados negativos que impactaron directamente en las finanzas públicas. En conjunto, las pérdidas estimadas superan los 540 millones de bolivianos.
Lupo reveló que, de las 67 empresas estatales creadas entre 2006 y 2024, solo tres —YPFB, ENDE y Comibol— generan utilidades sostenidas. Estas concentran el 95% de los ingresos del sector empresarial público. En contraste, se invirtieron 7.750 millones de dólares de las reservas internacionales, de los cuales solo se recuperó el 18%.