La aprehensión del expresidente Luis Arce reconfiguró el escenario político y judicial del país. El caso Fondioc, que por años estuvo cargado de denuncias, auditorías incompletas e informes pendientes, hoy tiene en el centro a una de las figuras más relevantes del último tiempo. La detención, las declaraciones firmes del ministro de Gobierno y la decisión del exmandatario de acogerse al silencio se combinaron para producir una jornada decisiva, cargada de tensión y con repercusiones que aún no se alcanzan a dimensionar completamente.
Mientras el Gobierno asegura que se trata de un proceso estrictamente legal vinculado a su actuación como ministro de Economía, la Fiscalía avanza hacia una imputación formal que podría marcar un antes y un después en el caso. Lo que queda claro es que la investigación ha entrado en una fase irreversible.
OVIEDO AFIRMA QUE ARCE ES RESPONSABLE DIRECTO Y ENUMERA LOS CINCO DELITOS
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, compareció en una rueda de prensa para confirmar lo que ya circulaba desde horas de la tarde: la detención de Luis Arce se ejecutó en cumplimiento de una orden fiscal sustentada, según sus palabras, en indicios sólidos y verificables. Oviedo habló con firmeza y sin rodeos. En su evaluación, el exmandatario figura como responsable directo del daño económico causado al Fondo de Desarrollo Indígena cuando ejercía como ministro de Economía.
Durante su exposición, enumeró los cinco delitos que pesan sobre Arce: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y uso indebido de influencias. Los calificó como graves, persistentes y suficientes para abrir un proceso penal común.
Oviedo sostuvo que el Fondo Indígena sufrió un daño inicial estimado en 360 millones de bolivianos, pero aclaró que la cifra podría ser mayor. Algunas evaluaciones técnicas apuntan a un perjuicio cercano a los 700 millones de dólares si se consideran todos los proyectos observados en auditorías previas. Para el ministro, esos montos representan no solo un golpe al Estado, sino una agresión directa contra las comunidades indígenas que dependían de estos recursos.
También recordó que Arce, como ministro, presidía el directorio del Fondo y autorizaba desembolsos millonarios. Esa posición, explicó, no le permite desvincularse de las decisiones que derivaron en desfalcos, retrasos y beneficiarios que nunca demostraron la ejecución de los proyectos financiados. En su lectura, las responsabilidades están bien documentadas y deben ser resueltas mediante un proceso penal ordinario.
Oviedo mencionó además que la detención de la exdiputada Lidia Patty y de otros involucrados confirma que la investigación no es selectiva, sino estructural. Todos los exfuncionarios que firmaron, aprobaron o beneficiaron irregularmente a particulares deberán comparecer ante la justicia. Sin embargo, señaló que la mayor responsabilidad política, administrativa y ética recae sobre quien lideraba la gestión económica en aquel tiempo.
DETENCIÓN DEL EXMANDATARIO Y REACCIONES CRUZADAS TRAS EL OPERATIVO EN LA PAZ
La aprehensión de Luis Arce se concretó sin incidentes en la ciudad de La Paz. La orden fue firmada por el fiscal de materia Miguel Ángel Cardozo y especificaba la acusación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro del proceso que investiga el desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena. Una vez detenido, Arce fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permanece bajo custodia policial.
La medida generó reacciones inmediatamente. Sectores cercanos al exmandatario insistieron en que el procedimiento fue irregular. Entre ellos, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la aprehensión como “un acto sin sustento jurídico”. Según su versión, Arce debía ser citado antes de ser capturado, y la Fiscalía no habría cumplido con los procedimientos básicos del debido proceso. Prada aseguró que no existe evidencia que justifique una detención preventiva y que la medida responde a una intención política de debilitar a su antiguo líder.
Del otro lado, la Fiscalía aclaró su posición con rapidez. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, aseguró que la aprehensión se basó en una ampliación de denuncia presentada por el nuevo representante del Fondo Indígena, quien habría aportado documentos adicionales que consolidaron la decisión. Mariaca enfatizó que no existe persecución política y que el Ministerio Público solo está actuando conforme a la ley.
El Fiscal General también explicó que el proceso no corresponde a un juicio de responsabilidades, debido a que los hechos investigados ocurrieron antes de que Arce fuera presidente. Por lo tanto, el mecanismo aplicable es el proceso penal ordinario. En su criterio, los daños ocurridos en el Fondo Indígena ameritan una investigación exhaustiva y una actuación firme.
En el ámbito político, las reacciones se multiplican. Algunos sectores piden transparencia total del proceso, mientras otros denuncian un intento de desestabilización. Lo que resulta evidente es que la detención cambió el panorama institucional y abrió un capítulo que coloca al sistema judicial bajo una observación pública intensa.
ARCE GUARDA SILENCIO Y ESPERA AUDIENCIA CAUTELAR MIENTRAS FISCALÍA PREPARA IMPUTACIÓN
Tras su detención, Luis Arce fue llevado ante el Ministerio Público para prestar su declaración informativa. Ingresó acompañado de su defensa legal y, según el Fiscal General, fue informado de sus derechos y de los cargos que pesan en su contra. Minutos después, el exmandatario tomó una decisión que marcó el ritmo del proceso: optó por acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio.
La Fiscalía confirmó que Arce se negó a responder preguntas y que, una vez concluido el procedimiento, fue trasladado inmediatamente a celdas policiales, donde aguarda su audiencia de medidas cautelares. Para los investigadores, la decisión de guardar silencio es parte de una estrategia que no afecta la continuidad del caso, dado que el Ministerio Público ya cuenta con documentación suficiente para avanzar hacia la imputación.
El Fiscal General explicó que la acusación formal será presentada en las próximas horas. En ella se incluirán documentos firmados durante la gestión de Arce como ministro, resoluciones vinculadas a desembolsos observados, informes de auditoría interna y registros financieros del Fondo de Desarrollo Indígena. Según Mariaca, estos elementos muestran una participación directa del exmandatario en el manejo de los recursos que hoy están bajo investigación.
Mientras tanto, la defensa de Arce adelantó que, en la audiencia cautelar, solicitará que su defendido enfrente el proceso en libertad. Aseguran que no existen riesgos de fuga ni de obstaculización y que la detención vulnera principios constitucionales. Sostienen además que la acusación es desproporcionada y que la Fiscalía no ha demostrado el nexo directo entre Arce y los hechos más graves del caso.