La aprehensión de un subteniente de la Policía Boliviana por su presunta participación en la muerte de dos personas en la zona de Cotapachi se convirtió en el hecho central de una investigación que continúa generando conmoción en Cochabamba. La decisión de privarlo de libertad fue asumida por la Fiscalía luego de recabar elementos que lo vinculan directamente con los disparos registrados durante un operativo cumplido en medio de un conflicto social de alta intensidad.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos policiales ejecutaban una orden judicial vinculada al ingreso de camiones al botadero de Cotapachi, en un contexto de disputa de límites entre municipios. Lo que debía ser un operativo de acompañamiento derivó en un violento enfrentamiento entre comunarios y uniformados. En ese escenario murieron dos personas, identificadas como Pablo P. M. y Sinforiano C. C., quienes, de acuerdo con los informes forenses, presentaban impactos de bala.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el subteniente pasó de arrestado a aprehendido luego de que nuevos indicios fortalecieran la hipótesis de su participación. Entre los elementos determinantes figuraron testimonios de testigos, pericias preliminares y la propia declaración del uniformado, quien admitió que hizo uso de su arma de fuego durante el enfrentamiento. La Fiscalía aclaró que esta admisión no implica una aceptación automática de culpabilidad, pero sí constituye un dato central para el proceso.

El efectivo también resultó herido durante los disturbios. Fue sometido a una intervención quirúrgica para retirar 18 esquirlas alojadas en su cuerpo, presuntamente provocadas por el disparo de una escopeta. Luego de la cirugía, los médicos confirmaron que su estado es estable. A pesar de ello, permanece bajo custodia policial permanente en el centro hospitalario, mientras se programan nuevas diligencias y actos investigativos.

En la escena del enfrentamiento, los peritos del Ministerio Público y de la Policía Técnica Científica lograron levantar 16 vainas servidas. Trece de ellas corresponderían a munición calibre 9 milímetros y tres a disparos de escopeta. Además, se recolectaron restos de explosivos, petardos, dinamita y objetos contundentes. Todo este material fue enviado al Instituto de Investigaciones Forenses para los análisis balísticos que permitirán establecer si existe correspondencia directa entre las armas utilizadas y las muertes.

El Ministerio Público abrió dos procesos paralelos. El primero investiga delitos vinculados a tenencia y portación ilegal de armas, organización criminal, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. El segundo proceso se centra en el delito de homicidio por las dos muertes registradas en Cotapachi. En ese marco, se confirmó la aprehensión de al menos nueve personas que habrían participado activamente en los disturbios.