El Gobierno confirmó que el exejecutivo de YPFB dejó Bolivia por un paso no autorizado, pese a alertas migratorias y órdenes fiscales, lo que generó fuertes cuestionamientos al sistema judicial.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves que Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), abandonó el país de manera irregular y se encontraría en territorio brasileño. La autoridad lamentó que, pese a que existían órdenes de aprehensión y alertas migratorias emitidas por la Policía y el Ministerio Público, una resolución judicial dejara sin efecto las medidas que impedían su salida.

Oviedo explicó que el exejecutivo fue presentado ante la Fiscalía en el marco de la investigación por presunto uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, delitos vinculados a irregularidades en la importación de combustibles y al caso Botrading. Sin embargo, un juez en Santa Cruz resolvió liberarlo, decisión que permitió que Dorgathen abandonara el país. “La Policía cumplió con su labor y la Fiscalía activó los procedimientos correspondientes. Aun así, una determinación judicial dejó sin efecto las medidas y el señor terminó fugándose”, afirmó.

El ministro señaló que existen fotografías que circularon esta semana en redes sociales y que muestran al exfuncionario en la zona fronteriza de Corumbá, Brasil. Según su criterio, estos indicios confirman que Dorgathen cruzó la frontera por un paso no autorizado. “Es inadmisible que un proceso por corrupción se vea afectado por decisiones judiciales que facilitan la evasión”, enfatizó.

El caso generó preocupación dentro del Ejecutivo, que considera que la actuación del juez contradice los esfuerzos institucionales para avanzar en investigaciones relacionadas con el desvío de combustibles y el presunto contrabando en la cadena de abastecimiento energético. Oviedo insistió en que lo ocurrido representa un revés para la lucha contra la corrupción y pidió esclarecer las circunstancias que permitieron la salida del país del exejecutivo de la estatal petrolera.

En paralelo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, declaró que tanto la Policía como la Dirección Nacional de Migración deben emitir un informe detallado que permita establecer qué ocurrió en el momento en que se activaron las alertas migratorias y cómo se produjo el escape. “La persecución penal recae en la Policía Boliviana y Migración es la entidad encargada de registrar cualquier intento de salida. Ellas deben aclarar lo sucedido”, señaló desde Santa Cruz.