La Policía Boliviana instruyó el cierre nacional de las Divisiones de Comisaría de Tránsito, con entrega de bienes e inmediata reubicación del personal, como una acción directa contra cobros irregulares en vías públicas.
Un memorándum interno del Comando General de la Policía Boliviana dispuso el cierre total y ordenado de las Divisiones de Comisaría de Tránsito en todo el territorio nacional. La instrucción, dirigida a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, establece la paralización inmediata de operaciones y el inicio del proceso de entrega de bienes institucionales mediante inventarios detallados.
El documento salió a conocimiento público pocas horas después del relevo en el Alto Mando policial, donde el general Mirko Sokol asumió la Comandancia General. Durante la ceremonia de posesión, la nueva autoridad se enfocó en la lucha contra la corrupción y enfatizó que no permitirá cobros injustificados a la ciudadanía en los controles de tránsito.
El memorándum instruye el cierre “total y ordenado” de las unidades mencionadas, así como la conclusión de todas las actividades operativas y administrativas en el mismo día de la notificación. Cada unidad deberá preparar un informe detallado sobre mobiliario, equipos, armamento, vehículos y otros bienes asignados, para ponerlos a disposición de la instancia administrativa correspondiente.
También se establece que el personal policial y administrativo que cumplía funciones en esas divisiones deberá presentarse sin demora ante el departamento de recursos humanos o a la dependencia designada dentro de la Dirección Departamental de Tránsito de cada jurisdicción, a fin de recibir nuevas asignaciones funcionales. La medida implica una redistribución del recurso humano en el corto plazo.
Durante su primer mensaje como comandante, Sokol había señalado que no se tolerará ningún cobro ilegal, especialmente aquellos realizados en puntos de control vehicular. Afirmó que la instrucción rige sin excepción para toda la estructura policial. Indicó que este tipo de prácticas afecta gravemente la imagen institucional y representa un perjuicio directo para la población.
El jefe policial remarcó que, si él no recibirá beneficios indebidos, ningún funcionario bajo su mando deberá hacerlo. Ante los cuadros presentes, alertó que los mecanismos de control interno se reforzarán y que se aplicarán las sanciones que establece la normativa vigente cuando se detecten irregularidades.
La decisión sobre las Comisarías de Tránsito se considera uno de los primeros pasos de la nueva administración policial para intentar corregir prácticas cuestionadas en procedimientos viales y trámites relacionados al transporte. La instrucción de cierre se da sin anuncios previos sobre unidades sustitutas ni nuevos esquemas de control en calles y carreteras, temas que deberán definirse en la reestructuración en curso.