La supresión del impuesto a las grandes fortunas redefine el marco tributario, favorece a sectores con mayor riqueza y acompaña un programa estatal que plantea recortes fiscales drásticos y reorganización del gasto público.

El Gobierno profundizó su ofensiva económica con un anuncio que remueve pilares clave del sistema tributario: la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, acompañada por la supresión de tres impuestos adicionales, fue presentada como una decisión imprescindible para quitar trabas a las inversiones y corregir distorsiones normativas que, según las autoridades, frenaban el crecimiento. La medida marca un giro significativo en la política fiscal y plantea un nuevo escenario de presión sobre las finanzas públicas.

El presidente Rodrigo Paz, junto al ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostuvo que la vigencia del impuesto a las grandes fortunas provocó un éxodo de capitales superior a los 2.000 millones de dólares, que migraron hacia países vecinos con menor carga tributaria, como Paraguay. Paz afirmó que el gravamen “nunca generó un retorno tangible” para el país y actuó como un obstáculo que terminó vaciando proyectos que estaban en línea para ejecutarse. En esa línea, insistió en que su eliminación constituye una señal necesaria para recuperar confianza y atraer nuevamente a los inversionistas.

Espinoza, por su parte, explicó que los cuatro impuestos derogados representaban menos del 1% de la recaudación nacional. Sin embargo, remarcó que su impacto sobre la actividad económica era considerablemente mayor debido a contradicciones administrativas y exigencias adicionales que complicaban el flujo de operaciones comerciales. Para el ministro, el impuesto a las grandes fortunas no solo desincentivó inversiones extranjeras, sino que tampoco alcanzó a cubrir su propio costo de gestión, produciendo más carga burocrática que beneficios fiscales.

Junto con el anuncio tributario, el Gobierno impulsará una revisión integral del Presupuesto General del Estado para 2026. El proyecto, que será remitido inmediatamente a la Asamblea Legislativa, permitirá ajustar la planificación fiscal hasta febrero del próximo año e impondrá una meta obligatoria de reducción del gasto del 30%. Espinoza precisó que este recorte equivale a cuatro puntos porcentuales del PIB y obligará a redefinir prioridades, recortar programas y reestructurar entidades estatales para sostener ese nivel de ajuste.

El panorama se complejiza con el volumen de deuda que enfrenta el Estado. Desde 2023 se arrastran 7.000 millones de bolivianos en obligaciones pendientes, de los cuales aproximadamente 5.000 millones no fueron correctamente registrados en sistemas internos, lo que generó demoras y reclamos. El Ministerio de Economía anunció que desde la próxima semana se reunirá con los acreedores para renegociar cronogramas y priorizar pagos, acompañando este proceso con la publicación diaria de desembolsos para reforzar la transparencia.

Aunque el Gobierno argumenta que la supresión del impuesto a las grandes fortunas busca incentivar la inversión, la decisión introduce una tensión evidente: los sectores con más patrimonio quedan liberados de un gravamen creado para equilibrar la estructura impositiva y evitar que las mayores riquezas permanezcan al margen del esfuerzo fiscal nacional. En un contexto de fuertes recortes, medidas de austeridad y deudas acumuladas, la eliminación del tributo amplía la brecha entre los aportes exigidos a la ciudadanía y los beneficios otorgados a los grupos con mayor capacidad económica.